Ante el aumento de precio del gas propano que afecta al consumidor guatemalteco, el gobierno propuso y logró en el Congreso de la República la aprobación de un subsidio que compense el alza y de esa cuenta el Estado erogará 150 millones de Quetzales para entregar a las empresas que comercializan ese producto. El agobio de buena parte de la población que utiliza ese combustible no se puede negar, pero es importante hacer algunas observaciones relacionadas con el fenómeno.
El Ministerio de Energía y Minas no realizó ningún estudio serio aquí y en los países vecinos para determinar si el aumento es totalmente justificado. Simplemente se propuso compensarlo con el subsidio recién aprobado pero se sabe que en otros países de la región no se ha dado el incremento en la misma proporción del que afecta al consumidor guatemalteco, además de que es conocida la actitud de algunas empresas de gas que hasta han facilitado sus aviones privados para viajes de gobernantes en el pasado, con lo que se ganan toda clase de favores.
Ayer mismo, mientras los diputados se aprestaban a discutir el subsidio, el gobierno de los Estados Unidos ordenó una investigación sobre el aumento de precio de los combustibles bajo el argumento de que los costos están bajando y las petroleras en vez de disminuir el valor de venta al público siguen incrementándolo, lo que Washington considera no sólo algo inexplicable sino afirma que “puede ser algo ilegal”.
El mundo se tiene que preparar para una etapa de inflación derivada del problema logístico de abastecimiento de mercancías producto de las complicaciones que generó el cierre de puertos en muchos países, lo que retuvo contenedores que no han podido entrar al ciclo de circulación con la rapidez deseada. Y es seguro que ante los aumentos que vengan no se podrá estar dictando subsidios por dura que sea la situación del consumidor.
Realmente necesitamos una Ley de Competencia que apunte a evitar los abusos, pero sucede que el proyecto respetivo está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso como resultado de los pactos que se han hecho entre políticos y particulares para evitar todo aquello que pueda afectar determinados privilegios existentes.
No olvidemos que cuando la oferta y la demanda dejan de ser el factor esencial para fijar los precios haciendo que prevalezca el mercado, se vienen intervenciones estatales que resultan odiosas y contraproducentes pero que tienen su origen en los excesos y abusos que se cometen contra el consumidor. Insistimos en que el Ministerio de Energía debe realizar un estudio serio de los aumentos presentes para trasladar información coherente no sólo a los políticos sino a la población.
