En Guatemala se conoce como güizache al que ejerce como abogado sin serlo y se habla de güizacherías cuando se retuerce la ley apartándose totalmente del sentido de las normas para dar apariencia de legalidad a situaciones o resoluciones que en realidad van en contra de lo que está jurídicamente establecido. El proceso iniciado contra la jueza Erika Aifán fue planteado por el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial (IMCAOJ) y resulta que el magistrado de sala, Roaldo Isaías Chávez Pérez fue nombrado juez pesquisidor en las diligencias de antejuicio, no obstante que es no sólo miembro sino directivo de la entidad que accionó contra la jueza Aifán, lo que lo convierte literalmente en juez y parte del proceso, lo cual riñe totalmente con el sentido y la letra de la legislación guatemalteca.
Pero la güizachada viene en este caso porque el “pesquisidor” decidió separarse temporalmente del cargo de Secretario de la Junta Directiva del IMCAOJ “con la finalidad de buscar la objetividad” en el trabajo que tiene para ser quien estudie la sindicación contra la juzgadora y recomiende si se le debe quitar la inmunidad de la que goza por el cargo que desempeña en el Organismo Judicial. Y como vivimos tiempos en los que la interpretación de la ley se ha estirado de tal forma que hasta la Corte de Constitucionalidad resuelve que no hace falta mayoría calificada para ratificar de urgencia un Estado de Excepción que restringe fundamentales garantías de derechos ciudadanos, no será remoto que, en el caso de una acción de Amparo para evitar el abuso, se resuelva que habiéndose “apartado temporalmente” del cargo de Secretario de la entidad que acciona contra Aifán, ya no hay interés personal.
Ningún tema ha sido tan cacareado como el famoso Estado de Derecho que en nuestro país, algunos entienden como la necesidad de reconocer los derechos que fueron adquiridos mediante sobornos o mordidas pero que, en todo el mundo, significa respeto irrestricto al sentido de las normas establecidas en la legislación. Y en caso de duda que pueda poner en peligro los derechos de alguien, la legislación apunta a que éstos sean protegidos en primer término, pero ocurre que ahora vivimos tiempos especiales, debido al control que sobre todo el Sistema de Justicia ejercen quienes están empeñados en mantener el régimen de corrupción e impunidad y les molesta el que haya alguna gente en el Organismo Judicial que no se ha plegado a sus intereses espurios.
Y cuando la güizachería reina, el ciudadano pierde por completo sus verdaderos derechos.
