El cacareado Estado de Derecho es algo que se manosea al gusto del cliente y no un pilar fundamental de nuestro ordenamiento institucional. La Corte de Constitucionalidad resolvió un prolongado litigio respecto a una empresa minera que empezó a operar sin cumplir con el requisito de la Consulta establecido en el Convenio 169, ley para Guatemala, y ordenó que se cumpliera con ese elemento que rige para toda operación que implique la explotación de los recursos naturales, tarea que el Ministerio de Energía y Minas no la ha ejecutado con objetividad.
Se trata de una mina en El Estor, la mina Fénix, que explota níquel y se ha vuelto más que evidente que goza de la protección de las autoridades que desplazaron a un enorme porcentaje de la fuerza pública a ese lugar (descuidando otros, como el Congreso) para reprimir a quienes simplemente demandan una Consulta al pueblo objetiva, realizada con participación de todos los afectados por el proyecto. Las protestas se realizan para demandar ese procedimiento democrático que otorga a las comunidades la facultad de expresar su sentir respecto a proyectos que pueden tener efectos en el medio ambiente.
El problema, grave por cierto, es que los dueños de la mina son los mismos rusos que llevaron la “alfombra mágica” a Giammattei porque también estaban interesados en el puerto, pero suspendido ese negocio ahora reciben gran compensación. Y se está demostrando con creces porque nunca, en ninguna protesta anterior, ni siquiera en la de noviembre del año pasado cuando se usó tanta fuerza para atacar a los manifestantes que estaban protestando por el Presupuesto, se había observado un despliegue tan impresionante de los efectivos antimotines de la Policía Nacional Civil, llegando al extremo de que se ha decretado un Estado de Sitio para acabar con cualquier manifestación opositora al proyecto minero en el sector, restricción de garantías constitucionales que hoy el Congreso se apresta para aprobar a toda marcha.
Si la CC estableció un requisito el Estado de Derecho demanda que se cumpla con el mismo antes del reinicio de operaciones de la minera, pero en nuestro país, donde hay de todo menos real Estado de Derecho (por más que sea el caballito de batalla de algunos), vemos que prevalece el poder del más fuerte, de quien da el soborno más grande y eso no puede ser fuente de legalidad en ningún lugar del mundo. La ruptura de la legalidad de parte de las autoridades produce anarquía y eso es lo que se está implantando en esta crisis de ingobernabilidad.
