Cuando se habla de dictadura muchos buscan al dictador tipo Estrada Cabrera o Ubico que encarnan esa figura, sin entender que se trata de un “régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización” haciendo que toda la institucionalidad del Estado opere y funcione en beneficio de esa persona o grupo y en demérito de los intereses de la población. La definición que hace el diccionario de la Real Academia Española nos sirve para entender lo que está ocurriendo aquí cuando el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, además de instituciones como el Ministerio Público, la Contraloría de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral y, sobre todo, la Corte de Constitucionalidad, se convierten en herramienta del grupo que ha concentrado todo el poder.
En otras palabras hay dictaduras unipersonales que responden a los dictados de un tirano y hay dictaduras que son más de tipo corporativo porque responden a los intereses de un grupo que se ha estructurado con la finalidad de preservar sus propios intereses y aumentar los privilegios que les permiten ejercer mayor poder para asegurar el control de toda la institucionalidad.
El caso de Nicaragua tiene a muchos con los pelos parados porque está por consumarse la reelección de Ortega pero debe entenderse que ello es resultado de un tenaz trabajo, que fue posible por el acompañamiento del sector privado que, por gozar de prosperidad, se puso de alfombra de Ortega y Murillo, permitiéndoles controlar todas las instituciones del país y de esa cuenta aniquilar cualquier posibilidad de ejercicio de los derechos ciudadanos. La mejor prueba es cómo se ha procedido a encarcelar a cualquier opositor a las ambiciones de los Ortega.
¿Hay diferencia entre la forma en que funcionan las instituciones en Guatemala y cómo operan en Nicaragua? Absolutamente no hay ninguna diferencia porque funcionan al calco. Aquí todo el esfuerzo empezó tras los casos que fueron destapados en el 2015 que llevaron a la cárcel a Pérez Molina y Baldetti con muchos de sus colaboradores pero, sobre todo, cuando poderosos financistas de las campañas políticas fueron llevados al banquillo de los acusados. Allí se empezó a trabajar en la alianza para cooptar todo a fin de evitar futuros sobresaltos, se expulsó a quienes hicieron esas investigaciones y se controló el Congreso, se alinearon las Cortes y se puso en orden al resto de instituciones. La ausencia de un tirano no significa ausencia de dictadura y la que vivimos aquí es cada día más prepotente.