El lunes se evidenció, con una transmisión del diputado Aldo Dávila, cómo el presidente del Congreso, Allan Rodríguez utilizaba su teléfono mientras los votos para el Estado de Calamidad aumentaban. Foto La Hora/Captura de pantalla

Constitucionalmente las sesiones del Congreso son públicas salvo en contadas ocasiones que pueden realizarse en secreto. Por diversas razones, pero esgrimiendo seguridad, el acceso al Palacio Legislativo está restringido y no cualquier ciudadano puede ir a ver cómo discurren las “discusiones” o negociaciones entre los diputados, pero la publicidad está en el espíritu de la Constitución. De esa cuenta es que resulta totalmente impropio, abusivo y violador del derecho del pueblo a saber qué ocurre en el Organismo Legislativo, el criterio de que se puede impedir que se transmitan las sesiones, ya sea desde el teléfono de un periodista o de un diputado.

Esta semana pudimos ver todos los guatemaltecos la cínica y asquerosa negociación que desde la Presidencia hacía Allan Rodríguez con diputados que venden sus votos y la forma en que el conteo iba subiendo con cada llamada en la que se negociaba con dinero de todos los guatemaltecos que se embolsan los diputados para su exclusivo beneficio. Les ardió tanto el papel que jugó el diputado Aldo Dávila, destapando la cloaca, que hay un fuerte movimiento para “prohibir que se transmitan telefónicamente las sesiones del pleno”, pasando por alto que por ley las mismas son públicas y no hay manera legal de censurarlas.

La libertad de expresión, cuando sirve para destapar la podredumbre de la corrupción, es muy molesta y se recurre a cualquier sucia artimaña para limitarla, para impedir que se pueda informar de las cochinadas que se hacen con los recursos del pueblo. Pero es un derecho sagrado el que tiene el pueblo de estar informado y ya que no nos dejan como ciudadanos entrar a ver las porquerías que hacen los diputados, al menos si hay uno de ellos decente, es sano, muy sano, que transmita y publique lo que está ocurriendo.

Claro que teniendo a la CC de su lado y al sistema autodefendiéndose, todo es posible porque están angustiados de que se siga viendo hasta qué punto hemos hundido al país en la corrupción. Pero la libre expresión y la libre información es un derecho inviolable.

Redacción La Hora

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