El anuncio de un endurecimiento de la política norteamericana en el tema de visas, específicamente para el llamado Triángulo Norte de Centroamérica por el tema de corrupción o de ataques contra la independencia judicial, es un nuevo eslabón en la presión que intenta ejercer Estados Unidos para combatir las causas de la pobreza en estos países que se traduce en constante migración. Por supuesto que ello provoca reacciones en las que se habla de atentado a la soberanía de los países, cuando en realidad lo único que se hace es no otorgar visa a ciertas personas cuyos hechos notorios los hacen caer en alguna de esas causales y cada país es libre de decidir en tema de visas.
Si en Centroamérica, y concretamente aquí, existiera una política de apego a derecho mediante la cual los corruptos tuvieran que rendir cuentas ante la ley y también se dispusiera de políticas claras anti corrupción, no haría falta de este tipo de sanciones individuales porque serían nuestros tribunales los que estarían juzgando y condenando a esa partida de sinvergüenzas que se alzan con el dinero público y que, además, se forran con la impunidad. Es por esa impunidad burda y brutal existente que Estados Unidos toma la decisión de, por lo menos, enviar una seña a esas personas en el sentido de que saben lo que están haciendo y que no sólo no les tienen confianza sino que no los quieren ver en territorio norteamericano.
De hecho ya son bastantes las figuras públicas de Guatemala que no pueden viajar a Estados Unidos y aunque muchos lo mantienen en secreto, tarde o temprano se va sabiendo y ello constituye, por lo menos, un estigma para quienes se sienten poderosos navegando en las aguas de la impunidad. No es una condena, como tampoco lo es aparecer en los listados de corruptos que elabora el Departamento de Estado, pero si constituye un señalamiento muy fuerte que no llega a equipararse con lo que significaría en un país con verdadera independencia judicial, una sentencia para los implicados en la manipulación de la justicia para alentar la corrupción.
La insolencia con que están actuando algunos en el país, como en el caso del Ministerio Público en donde ya ni siquiera se preocupan por guardar apariencias sino se procede de manera burda para eliminar de tajo posibles investigaciones que involucraban al mandatario y gente de su círculo más íntimo, genera este tipo de reacciones que, por la gravedad de los hechos, aún quedan como tibio esfuerzo contra tanta corrupción.
