La denuncia formulada por el juez Miguel Ángel Gálvez respecto al seguimiento que carros sin placa realizan para intimidarlo es una clara muestra de que la Dictadura de la Corrupción está dispuesta a todo con tal de evitar cualquier asomo de fiscalización y que cuenta con poderosos operadores que se unen para garantizar impunidad en todo el sentido de la palabra y para todos los casos que puedan significar la efectiva y correcta aplicación de la justicia. El mismo ministro de Gobernación abrió el espacio para que aquí cualquier grupo criminal pueda operar en vehículos que no portan placas que los identifiquen cuando justificó que un auto policial sin placas participara en la operación de captura de Solórzano Foppa, pretextando que se justificaba esa situación por “medidas de seguridad” de los policías.
La historia de Guatemala es trágica porque precisamente durante el Conflicto Armado Interno, ese mismo que ahora vuelve a cobrar notoriedad con el juicio por el llamado Diario Militar, miles de personas fueron secuestradas usando vehículos que se desplazaban sin placas de circulación, para levarse a quienes son parte del listado de desaparecidos. Y no deja de ser paradoja que quien tiene ahora la responsabilidad de juzgar muchos de esos crímenes sea, a su vez, víctima del mismo procedimiento que permitió operar en la impunidad a muchos escuadrones.
Precisamente el criminal pasado de nuestra vieja Policía Nacional y su Cuerpo de Detectives o Policía Judicial fue lo que hizo que se creara una nueva Policía Nacional Civil con la que se pretendía dar la vuelta a la página para generar una institución que estuviera al servicio de la población y no en su contra. Desde su origen, con el famoso “reciclaje” de los agentes, se notaron las dificultades para generar confianza en la gente, aunque hubo gestiones al frente de la PNC que se distinguieron por esfuerzos serios para profesionalizar a la fuerza pública de seguridad, mismos que fueron abandonados durante el gobierno anterior y que, evidentemente, no han sido retomados.
Si el mismo ministro de Gobernación afirma que está autorizado el uso de vehículos sin placa en operativos contra particulares, por supuesto que se está abriendo una gigantesca puerta para que cualquiera pueda actuar así porque ni los mismos policías van a tratar de identificar a los que tranquila o violentamente circulen sin placas. Es un trágico retorno al pasado que no se puede permitir por las gravísimas implicaciones que tiene y por la certeza de que estamos regresando a las épocas más oscuras de la represión en Guatemala.
