En diversos sectores se ha expresado preocupación por la forma en que la Fiscalía de Delitos Electorales tramitó el caso que llevó a la cárcel a Juan Francisco Solórzano Foppa, al ex analista de CICIG Aníbal Argüello y otras personas que participaron en el intento de formar un nuevo partido político. El Tribunal Supremo Electoral denunció que uno de los comparecientes ya había fallecido cuando se le hizo comparecer en el acta y eso, por supuesto, es un delito cuya responsabilidad recae en el notario que dio fe de la realización del evento. La Fiscalía tramitó y logró una orden de captura realizada con vehículos que circulaban sin placas de circulación, lo que contrasta con el trato que esa misma fiscalía ha dado a sindicados en otros casos, quienes han sido llamados a declarar y no se ha pedido captura, aún en casos serios de financiamiento electoral.
El titular de la fiscalía dijo ayer que él ve hechos y no personas para justificar lo actuado y que significó la prisión preventiva para los sindicados, quienes debieron ser trasladados de la cárcel de Matamoros por serias amenazas de miembros de pandillas que fueron sindicados cuando Solórzano Foppa era Fiscal del Ministerio Público. Enviados al Mariscal Zavala se fueron a topar con otros detenidos que también fueron capturados por investigaciones del mismo Solórzano y especialmente de Aníbal Argüello en su calidad de analista de la Comisión Internacional Contra la Impunidad que presentó numerosos casos en los que su participación fue decisiva para la interpretación de los hechos y la comprobación de actividades delictivas.
No deja de ser importante señalar esos hechos, especialmente porque el Fiscal dice que él ve hechos y no personas. Se trata de hechos contundentes y realidades incuestionables y no sólo es que los detenidos estén en riesgo claro y evidente, sino que se trata de allanar el camino para la “solución” de casos paradigmáticos de los que fueron el destape de la olla de la corrupción, empezando por La Línea en donde los peritajes de Argüello resultan cruciales para la comprobación de los hechos.
Desafortunadamente no se tiene fe y confianza en la forma en que trabajan esas fiscalías que demuestran una y otra vez que cuando se trata de perseguir a gente que la Fiscal General tiene entre ceja y ceja son diligentes y hasta operan en fines de semana para realizar cuanto antes las capturas, mientras que los otros casos, entre ellos todas las denuncias de corrupción contra la gente de Morales y Giammattei, discurren con pavorosa lentitud.
