El 20 de octubre de 1978, tras la concentración en la Plaza central para conmemorar el aniversario de la Revolución de Octubre, de varios autos sin placa bajaron varios elementos policiales para ejecutar a Oliverio Castañeda, presidente de la AEU, enviando así el mensaje claro de que el nuevo gobierno de Lucas establecía el imperio del terror. Los autos sin placa movilizaron a incontables asesinos en los años siguientes y ver a uno de los vehículos de la judicial circulando de esa manera indicaba que “algo” estaba por ocurrir. Luego, en tiempos de Cerezo surgió la “panel blanca” que, también sin placa, era usada para que el Estado cometiera fechorías.
Ayer, por primera vez en muchos años, un operativo de captura realizado supuestamente por la Policía Nacional Civil, que no había incurrido en esas prácticas de manera burda, fue ejecutado por personas que se movilizaban en autos sin placa y el Ministerio de Gobernación lo justificó diciendo que es una práctica común cuando se actúa contra estructuras criminales. No puede ser una práctica común ese regreso al funesto y trágico pasado de nuestro país y la forma en que se está actuando, especialmente en un proceso que parece bien montado para apartar a una pieza clave de la acusación en el caso La Línea y en otros procesos iniciados en contra de la corrupción, demuestra que, tristemente, el retroceso que sufre el país es brutal.
La fuerza pública no necesita desplazarse en vehículos que ni siquiera portan placa de circulación, lo cual es requisito para cualquier vehículo que circule en Guatemala. Pero lo más importante es que para garantizar el respeto a los derechos humanos se necesita que pueda identificarse a cualquier persona o grupo de personas que puedan incurrir en violaciones. En Estados Unidos ahora es obligado que los policías porten cámaras que graban cualquier procedimiento que realizan mientras que en Guatemala las autoridades de Gobernación dicen que es normal que autos sin placa participen en operativos de captura, situación que tanto legal como logísticamente es insostenible.
Aterrorizar a los ciudadanos es parte de las prácticas de las dictaduras para afianzar su poder y ahora la Dictadura de la Corrupción está enviando mensajes como el de aquel remoto 20 de octubre de 1978. Hacer comparecer a un muerto en un documento público es delito pero el Notario que certifica es el responsable porque él da fe de la presencia de un fallecido y el operativo de captura, hasta con autos sin placa, luce desproporcionado para ese tipo de delito, pero obviamente envía un mensaje.
