El Vance Center es una entidad privada (ONG que le dicen) que se encarga de promover internacionalmente la justicia como uno de los valores esenciales de la vida en sociedad y dentro de sus muchos esfuerzos realizó una evaluación de las deficiencias que hay en ocho países latinoamericanos en términos de prevención e investigación para combatir la corrupción. En la lista, tras la evaluación, aparecimos de último con la nota más baja, pero viendo las cosas positivamente podemos decir que han colocado a Guatemala a la cabeza, es decir el primer lugar, de aquellos países que hacen poco o nada por enfrentar el flagelo empobrecedor de la corrupción.
El estudio fue hecho por el Consejo de Abogados para los Derechos Civiles y Económicos del ya referido Vance Center e incluyó a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Panamá y Perú. Nosotros, con una calificación de 3.89 quedamos como el país que menos trabaja en prevenir e investigar la corrupción, lo cual puede causar sorpresa en otros lados, donde se admiró lo que Guatemala emprendió a partir del año 2015, cuando se destaparon numerosos y escandalosos casos de corrupción que no sólo implicaron a funcionarios de diverso nivel y particulares de distinto calibre, sino que llevaron a la cárcel al mismo presidente de la República, Otto Pérez Molina, a su vicepresidenta Roxana Baldetti y a varios de sus ministros.
Se llegó al punto de que pudo demostrarse la existencia de una franca y abierta cooptación del Estado por la vía del financiamiento electoral y la opinión pública internacional observó estupefacta el enorme esfuerzo para prevenir e investigar la corrupción. Titulares en diarios alrededor del mundo hicieron un reconocimiento a los adelantos que se habían logrado en este pequeño país que se ponía como ejemplo de lo que se puede y se debe hacer para lograr transparencia en la gestión pública.
Pero a partir de la creación de un poderoso Pacto que unió a todos los corruptos, desde los más chorreados hasta los más encopetados, todo eso pasó a la historia y el retroceso es tan evidente como que hasta los procesados por aquel esfuerzo empiezan a “solventar” su situación en el sistema de justicia acomodado al gusto del cliente.
En menos de lo que canta un gallo pasamos de ser ejemplo para otros países, al punto de que Honduras y El Salvador también intentaron imitar el fenómeno CICIG, a ser la muestra de lo que significa no hacer nada, no mover un dedo y, al contrario, alentar y promover la corrupción.
