Ricardo Rosales Román
\ Carlos Gonzáles \
ricardorosalesroman.blogspot.com
Varios partidos han nominado a sus precandidatos a la Presidencia y, aunque se está pendiente de que definan a quienes podrían ser los compañeros o compañeras de fórmula, nada se puede decir que está ya definido: pueden ocurrir “cambios” que alteren lo “convenido” a nivel de Comités Ejecutivos o por “disposición” de los dueños de los agrupamientos en condiciones de inscribir candidatos a cargos de “elección”.
De los presidenciables, resulta difícil encontrar que haya uno o más de uno que pueda y vaya a “sacar” al país de la situación en que está. En tales condiciones, quien resultase “electo” vendría a ser la repetición o, mejor dicho, la continuidad de lo que ha ocurrido durante las siete votaciones que han tenido lugar en las tres últimas décadas. Esto, por un lado.
Por el otro, en tanto que nada hay ya definido cabe presupuestar reajustes y reacomodos que no serían, precisamente, por decisión de las dirigencias y bases partidarias sino por quienes tienen secuestrado el poder político y gubernamental: la élite oligárquica y su empresariado organizado, los poderes fácticos y paralelos, el crimen organizado, el narcotráfico y lo que “sugiriera” o “recomendara” la Embajada de la Avenida de La Reforma, muy dada, por cierto, a inmiscuirse en nuestros asuntos internos en momentos convulsos y complicados como el actual.
Además, tanto en el partido gobernante como en los que se presentan como de oposición, nada está definido. En el PP no parece haber acuerdo acerca del precandidato a nominar y la dificultad les es aún mayor porque en sus filas no se vislumbra que haya alguien con capacidad y competencia, solvencia y honestidad para que sea aceptado por el poder real y que la ciudadanía se aventure a “apoyar”.
Con los partidos de “oposición” (Lider ?que ahora resulta que ya “no tiene” presidenciable?, UNE y Todos ?de cuyo precandidato se puede prescindir?), sucede otro tanto igual con el agravante de que con el que resultase “electo”, el poder “pasaría” a manos de quien vendría a ser algo peor de los que ya han gobernado al país y la continuidad y prolongación de la ingobernabilidad, un mayor agravamiento de la situación económica, financiera, política e institucional, social, educativa y de salud, corrupción e impunidad, inseguridad ciudadana, pobreza, desigualdad, discriminación e inequidad e injusticia social.
Si las votaciones del 2011, constituyeron el último eslabón de la cadena de gobernantes “electos” durante la llamada transición democrática, las del año entrante (que sólo podrán “celebrarse” si al poder real le conviene, encuentra a quien “apoyar” y de quien o de quienes prescindir), podrían pasar a ser la sepultura del sistema electoral y de partidos, de la institucionalidad y gobernabilidad, así como, además, de las formales y cosméticas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos…si se llegasen a aprobar.
