Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Menos aún se debe ignorar que el gobierno, que ahora ya cuenta con el aval de la misma Superintendencia de Administración Tributaria, está promoviendo el plan de inversión y empleo que se basa en la exoneración de impuestos para convertir a Guatemala en un paraíso fiscal que atraiga capitales.
En ese contexto, es obligado suponer que el gobierno está elaborando el presupuesto con la mentalidad equivocada, porque están pensando en cuánto quieren gastar (en año electoral), en vez de hacer el cálculo de cuáles serán sus ingresos, ordinarios y extraordinarios, para a partir de esa razonable disponibilidad planificar su inversión y el gasto. Cualquier persona o empresa al hacer su programación de gastos e inversiones para el año que viene, tiene que centrarse en cuánto ingresará no sólo por sueldos (ingresos ordinarios), sino lo que espera recibir por donaciones u otros rubros extraordinarios, además de lo que puede obtener mediante financiamiento bancario. Ese total es el límite de su capacidad de gasto e inversión y todo lo que lo supere compromete su estabilidad financiera.
Lo mismo pasa con el Estado. Es más, tiene que entenderse que el endeudamiento, como para los particulares, se justifica cuando es para realizar inversiones que se traduzcan en aumentos de productividad, pero cuando se trata de créditos para consumo, la situación puede escapar de control y colocar en posición de insolvencia a quien no hace bien sus cuentas. La diferencia puede ser que como los Estados no quiebran, los funcionarios se dan el lujo de ser menos responsables, pero aunque no quiebren, la experiencia de la última crisis en el sur de Europa demuestra que los ciudadanos terminan perdiendo calidad de vida porque al final de cuentas hay que hacer recortes que se traducen en pérdida de servicios o beneficios.
En Guatemala el gobierno ha cedido a la presión de los empresarios que quieren una exoneración de larguísimo plazo para atraer capitales, pasando por alto que los capitales requieren de más que eso para sentirse atraídos porque mientras no haya seguridad, costos razonables en servicios como el de energía eléctrica e infraestructura absolutamente confiable, no digamos Estado de Derecho para garantizar el imperio de la ley, únicamente los piratas se sentirán tentados de colocar su dinero en un país carente de todas esas certezas.
En otras palabras, aún los ingresos fiscales de hoy, debilitados por una torpe reforma tributaria que tuvo tiro por la culata, bajarían más con esa ley y, a pesar de ello, el Ministerio de Finanzas hace cuentas de gran capitán y nos anuncia un presupuesto que habrá que financiar con cascaritas de huevo.
