* Julio Roberto Bermejo González
Doctor en Derecho*
Son muchas las crisis que agobian a Guatemala y ahora solo quiero perfilar algunas para en colaboraciones posteriores ahondar sobre cada una de ellas. Creo que el pueblo de Guatemala debe repensar sobre todas en conjunto para tomar conciencia de los graves momentos que vive el país.
Hace trece meses nos llegó la pandemia del COVID-19 pero a diferencia de muchos otros países que también están siendo afectados, el Gobierno -Presidencia, Ministerio de Salud- siguen dando palos de ciego, con incongruencias, lentitud y desorden en su actuar. El Presidente por estar vendiendo su imagen al interior del país no se apresuró a negociar la compra de vacunas y caímos en que ahora cuesta conseguirlas; después de un año de estar el COVID-19 sigue dictando medidas, como cierres y horarios restringidos que podrían considerarse ilegales y que en todo caso están afectando la supervivencia económica de muchos empresarios -tiendas, restaurantes, mercados, etc.- por los tantos horarios fijados; además el Ministerio de Salud no logra organizar el régimen de vacunación, se roban la vacuna y en lugar de vacunar a las personas que requieren más protección, resulta que los vacunados son políticos y funcionarios. El Presidente estimuló a la población a “gozar la Semana Santa” y esto originó más afectados y muertos; y para mayor irresponsabilidad, el Presidente se va a Andorra para asistir a un evento de relativa trascendencia del que ya se sabía que no iban a asistir los Presidentes invitados -sobre asistieron dos de nuestro continente– evento al que para mayor vergüenza le sirvió de foro para calificar a la IVERMECTINA como una medicina eficaz para tratar el COVID-19, lo cual indujo a muchos guatemaltecos a usarla –cuando en realidad las investigaciones científicas señalan que no es la medicina indicada. Esto fue ridículo y nos debe dar vergüenza a los guatemaltecos atendiendo a quien fue el que lo dijo.
Paso a otro tema: LA CORRUPCIÓN. – Siempre ha habido corrupción y ningún país es ajeno a este mal social y moral, pero nuestra Guatemala ha llegado a situaciones intolerables y no le echemos la culpa a las leyes porque el problema es humano y ético, lo cual no significa que no haya estructuras legales que faciliten la corrupción. El País está agobiado porque los tres poderes del Estado; Ejecutivo, Legislativo y Judicial y agreguemos el Ministerio Público, están inmersos en una profunda corrupción. El Organismo Judicial está plagado de Jueces incapaces y venales –el de justicia excluir algunos Jueces y Juezas valientes, responsables y honestos–. Casos como el del Juez Moto pinta de cuerpo entero lo que está sucediendo. Tenemos una Corte Suprema que con fallos absurdos frena investigaciones. -Aquí también hay algunos Magistrados y Magistradas de gran solvencia. El Ministerio Público a cargo de María Consuelo Porras frena muchas investigaciones en favor de funcionarios que la apoyaron para llegar al cargo o que piensa que la pueden apoyar para continuar como Fiscal General.
El Congreso de la República es una cueva de descarados y corruptos, ya que no solo no legislan sino en su mayoría buscan concesiones, adjudicaciones de plazas, negocios en las contrataciones con el Estado y ciertas funciones no las cumplen, como es la elección de la nueva Corte Suprema y Salas de Apelaciones; a todo ello sumemos la vinculación de muchos de ellos al narcotráfico lo cual no es ignorado por amplios sectores del pueblo y de las autoridades internacionales que combaten este tráfico. Merece especial consideración el papel que jugó el Congreso de la República en la elección de la Corte de Constitucionalidad. Frenó la elección de la nueva Corte Suprema a efecto de que la actual –merecedora de serias críticas en su actuación– eligiera al candidato que le correspondía elegir para integrar la Corte de Constitucionalidad y eligió a un personaje severamente criticada por su vinculación política y criterio como juzgador –Roberto Molina Barreto– lo que lo descalificaba para el cargo de Magistrado de la Corte de constitucionalidad y no obstante el Congreso de la República lo juramento.
Dentro de las actuaciones irregulares del Congreso de la República está también la elección que hizo de Dina Ochoa como Magistrada de la Corte de Constitucionalidad, profesional también severamente criticada por su voto sesgado en fallos emitidos por la Corte de Constitucionalidad, relacionados con fallos que afectaban a ciertos funcionarios. También es criticable la actuación del Congreso de la República al elegir a Luis Rosales como Magistrado suplente a la Corte de Constitucionalidad, por sus evidentes vinculaciones políticas; a lo anterior se suma el bochorno de no juramentar a Gloria Porras como Magistrada a la Corte de Constitucionalidad.
Sobre el Organismo Ejecutivo ya algo señalamos en relación a la corrupción galopante que es tolerada en ese organismo, no solo en el manejo de los recursos públicos, sino en las anómalas y sobrevaloradas contrataciones de obras públicas, ampliamente denunciadas por la prensa y que son toleradas y consentidas por el Presidente de la República. Algo más criticable también es la elección que realizó el Presidente de la República de la licenciada Leyla Lemus para integrar la Corte de Constitucionalidad, por las evidentes vinculaciones de ésta profesional con las estructuras de gobierno y Presidencia de la República, lo que origina dudas sobre su imparcialidad en su voto dentro de dicha Corte. No hay ámbito legal ajeno al conocimiento de la Corte de Constitucionalidad y en razón de ello deviene su importancia como contralor de la Constitucionalidad de las leyes y de las actuaciones administrativas de toda índole y por ello es que su integración tiene una significativa importancia.
En otras colaboraciones nos referiremos al papel que han jugado y pretenden seguir jugando ciertos sectores de la iniciativa privada y el organismo que los representa –CACIF–, asimismo esa grave desatención al desarrollo económico y social de nuestra población que habita el área rural.
