Juan Antonio Mazariegos

jamazar@alegalis.com

Abogado y Notario por la Universidad Rafael Landívar, posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Pontificia Universidad Católica de Chile y un Postgrado en Derecho Penal por la Universidad del Istmo. Ha sido profesor universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar en donde ha impartido los cursos de Derecho Procesal Civil y Laboratorio de Derecho Procesal Civil. Ha sido y es fundador, accionista, directo y/o representante de diversas empresas mercantiles, así como Mandatario de diversas compañías nacionales y extranjeras. Es Fundador de la firma de Abogados Alegalis, con oficinas en Guatemala y Hong Kong, columnista del Diario La Hora y Maratonista.

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De conformidad con distintos medios noticiosos, las protestas en Perú por el encarcelamiento de Pedro Castillo, del destituido presidente de ese país, quien el 7 de diciembre recién pasado buscó dar un autogolpe de Estado, tratando de disolver el Congreso de la República de ese país, suman ya más de 40 muertos, cientos de manifestantes y policías heridos y amenazan con paralizar a un país que trata de sobreponerse a la intentona golpista de un presidente que no fue capaz, jamás, de dar pie con bola desde que asumió la presidencia del Perú, país que hoy se ha convertido en un polvorín y se enfrenta a la peor crisis de los últimos treinta años.

En contraposición a las protestas, el Gobierno de la actual presidenta, nombrada por el Congreso, Dina Boluarte, decretó el estado de emergencia en varias regiones del país. Las protestas se encuentran encaminadas a pedir la renuncia de la nueva Presidenta, y una posible restitución de Castillo al cargo.

La mayoría de presidentes populistas de Latinoamérica, Alberto Fernández de Argentina; Luis Arce, de Bolivia; Andrés Manuel López Obrador de México; y el de Colombia, Gustavo Petro, no reconocen su legitimidad como sucesora del exjefe de Estado Pedro Castillo, mientras denuncian que Castillo “fue víctima de un antidemocrático hostigamiento” desde que llegó al cargo. Con este apoyo externo y con las continuas y coordinadas protestas, se construye ya una tergiversación de los hechos que arrancaron con la autocrática determinación de Castillo de disolver el Congreso y que ahora pretenden venderlo como una víctima a la que no dejaron gobernar.

Perú desde el 2016, cuenta con el dudoso honor de haber visto pasar ya a 6 Presidentes y en el cargo se han sucedido Pedro Pablo Kuczynski, Martin Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Por supuesto, en medio de una inestabilidad como esta, los grupos de protesta y de presión saben que no es difícil forzar un cambio y las protestas arreciaron a partir de que el Gobierno de Boluarte informara que las elecciones generales se llevarían a cabo en diciembre del 2024. Bajo las presiones actuales, ya se habla en Perú de adelantar las elecciones para finales del próximo año.

Luego de que Pedro Castillo fuera puesto en prisión preventiva por 18 meses, por un Juez, por los delitos de rebelión y conspiración, las presiones de las protestas se centraron en el adelanto de las elecciones al 2023 y en discutir por los derechos de Castillo. Perú es un gran país, no se merece la inestabilidad política que le ha tocado vivir estos últimos años, ni tampoco se merece que presidentes electos democráticamente como Castillo ataquen a la misma democracia que los eligió. Lo más sensato parece el convocar a unas nuevas elecciones presidenciales para el próximo año, para que ya no se derrame sangre y para elegir a quien deba substituir a Castillo, un aspirante a Dictador que a tiempo fue detenido.

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