Juan Antonio Mazariegos G.
Al pleno del Congreso de la República, fue presentada la iniciativa 6054, denominada, Ley que sitúa bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales las instituciones de competencia Ambiental, la cual por su naturaleza, fue remitida a la Comisión de Ambiente Ecología y Recursos Naturales de dicho organismo, la que a su vez, emitió dictamen favorable, el pasado mes de agosto, en medio de múltiples cuestionamientos de parte de distintos sectores de la sociedad que la denomina la ley del Superministerio de Ambiente.
La iniciativa en cuestión, desarrolla una serie de artículos que reforman, modifican o crean instituciones de naturaleza medioambiental contenidas en distintos decretos, todos anteriores a la creación del Ministerio de Ambiente, siendo estas, el Instituto Nacional de Bosques (INAB), la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), la Oficina de Control de Áreas de Reserva de la Nación (OCRET), y todas aquellas que regulan a las Autoridades de las Cuentas de los lagos Atitlán, Amatitlán, Izabal Rio Dulce y Peten Itza.
El tema que como ya se indicó, ha acaparado la atención de distintos sectores sociales, ha generado críticas de diversa índole, las cuales vale la pena escuchar. En primera instancia se discute la especialización que han alcanzado algunas de las instituciones que ahora se pretenden integrar al Ministerio de Ambiente, como el Instituto Nacional de Bosques, institución que sin poder presumir que han alcanzado sus metas, si ha demostrado, en base a la implementación de programas de reforestación que existe un rumbo y que no es aconsejable poner en riesgo esos logros que se vienen dando. Una segunda crítica a la iniciativa, proviene de quienes defienden la descentralización, en este sentido, se considera que la creación de un Superministerio, va en contra de las ventajas que pueden tener entidades descentralizadas, con injerencia directa sobre problemas focalizados. Una tercera crítica, se desprende de la integración de las nuevas autoridades para cada una de las Direcciones, en las que se transformarían todas estas instituciones, de prosperar la iniciativa en cuestión y es que la misma indica que los Directores y las demás autoridades que se requieran para cada institución deberán de ser nombradas por el Ministro de Ambiente, poniendo en riesgo de esa cuenta, la participación de otras instituciones locales que actualmente conforman, por mandato legal las distintas instituciones. Por último, se cuestiona también, cómo un Ministerio como el de Ambiente que apenas este año, ha alcanzado una ejecución presupuestaria del 51%, pueda tener la capacidad de administrar los recursos que estas mismas instituciones poseen dentro del presupuesto de la Nación, los cuales seguramente pasarán a engrosar las arcas del Ministerio.
La iniciativa iniciará próximamente su periplo de tres lecturas que establece nuestra Constitución para la formación de la ley, la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, ya realizó una primera modificación al texto propuesto, cuando recomendó suspender el Titulo II, referente a Áreas Protegidas y Bosques. No obstante, no debemos de olvidar que el pleno del Congreso puede sin ningún problema volver a incluir estas importantes áreas a la iniciativa. En lo personal, considero acertadas las críticas que se hacen a la iniciativa 6054 y estimo que es necesario que se conozcan las razones y las consecuencias de alentar y aprobar esta iniciativa.
