Juan Antonio Mazariegos

jamazar@alegalis.com

Abogado y Notario por la Universidad Rafael Landívar, posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Pontificia Universidad Católica de Chile y un Postgrado en Derecho Penal por la Universidad del Istmo. Ha sido profesor universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar en donde ha impartido los cursos de Derecho Procesal Civil y Laboratorio de Derecho Procesal Civil. Ha sido y es fundador, accionista, directo y/o representante de diversas empresas mercantiles, así como Mandatario de diversas compañías nacionales y extranjeras. Es Fundador de la firma de Abogados Alegalis, con oficinas en Guatemala y Hong Kong, columnista del Diario La Hora y Maratonista.

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Juan Antonio Mazariegos

Al momento de escribir esta columna, corren rumores al respecto a un nuevo Estado de Calamidad, a ser decretado por el Ejecutivo, el cual conllevaría un toque de queda a implementarse en el país, a raíz del avance de la denominada variante Delta del SARS Covid-19, la cual, ha puesto en jaque al sistema de salud nacional, tanto público como privado, colmando de pacientes, las instalaciones de las unidades de aislamiento dedicadas a esta enfermedad.

Como no podía ser de otra manera, rápidamente se han sumado voces en favor y en contra de la medida, reclamando por un lado, el cierre del país para privilegiar el derecho a la salud de las personas, mientras otros claman por el derecho a trabajar, como el medio para preservar la economía, sus ingresos y la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas, las cuales no pueden ser atendidas de ninguna otra manera.

Sin duda, todos conocemos casos del primer mundo, como los que se suceden en Europa o en Oceanía, en donde, los gobiernos cierran ciudades enteras para frenar el avance de la enfermedad, pero donde también se pueden atender las necesidades básicas de esa misma población por que los gobiernos tienen capacidad y recursos para hacerlo. O, como los casos de los países totalitarios, en los que a fuerza de garrote se pueden confinar a millones de personas sin preguntar si están de acuerdo o no. Guatemala, por otro lado, no cuenta con los recursos necesarios para atender a toda su población ante un cierre obligatorio del país y el gobierno ha dejado bien en claro, con el manejo de las compras de las vacunas para el mismo Covid, que quien no puede en lo menos tampoco puede en lo más.

En todo caso, en medio de toda esta trifulca, se nos ha olvidado que si bien es cierto, hay un alto porcentaje de la población que no puede económicamente hacer frente, ni siquiera a medidas preventivas, como la adquisición y uso de mascarillas o compra de geles o jabones; también es cierto que existe mucha otra gente, a la que ya le pela la situación, se consideran intocables o se declaran cansados del uso de medios preventivos y se han dedicado a continuar su vida, sin que importe para ellos, si el virus puede afectarles directamente o pueda llegar a afectar a terceros con los que se relacionan.

Si todos somos consecuentes, cumplimos con nuestras obligaciones, como personas, funcionarios, patronos o trabajadores, si somos consientes de que enfrentamos, la mayor crisis de salud de los últimos 100 años, quizás allí encontremos la combinación que nos permita volver compatible la vida laboral con la salud de las personas. Mientras tanto reclamemos y cumplamos los protocolos y las medidas de prevención, hacerlo puede salvar su vida o la de alguien a quien quiera.

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