Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, no había existido un deterioro y un descalabro tan colosal como el que hoy vive el Sistema de Justicia en el país. Nunca en esta historia reciente sus niveles de rechazo popular habían sido tan grandes como hasta ahora; prácticamente muchos de los altos funcionarios de las instituciones como el Ministerio Público (MP), la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) son de los personajes más repudiados por la sociedad guatemalteca y aunque libres, son presas de su criminal actuar y no pueden siquiera caminar tranquilos porque el Pueblo les rechaza y los repudia.
Además del profundo rechazo y evidencia de su criminal actuar por parte de la población guatemalteca, muchos de estos funcionarios han sido y siguen siendo objeto de sanciones en más de 42 países y prácticamente tiene por cárcel los pocos lugares en donde con su desmedida seguridad pueden moverse. Larga y abundante ha sido la evidencia de su corrupto y criminal actuar; sin embargo, recientemente la Corte de Constitucionalidad ha sido la institución de dar las peores muestras de su mediocre e impune actuar. Muchos de sus magistrados, con antecedentes de actos de corrupción, defensores de genocidas y de defensa de intereses de grupos económicos poderosos y no de la Constitución Política de la República como es su harto deber.
Durante los últimos años, la actual Corte de Constitucionalidad es y ha sido una pieza clave en el engranaje de la corrupción, la impunidad, las pretensiones de gestar un golpe de Estado y con ello que se entronicen en el poder aquellos grupos que tanto daño le han hecho al país. No es para nada extraño, que quienes lideran hoy la corte sean aquellos que produjeron un mounstro de resolución contra la sentencia de Genocidio contra Ríos Montt, o quienes están acusados de recibir sobornos para beneficiar un proyecto económico o quienes han utilizado su poder para beneficiar a su familia con puestos en distintas instituciones del Estado guatemalteco.
Es una evidencia que lo que menos les importa es la Constitución Política de la República y que más bien se han convertido en los más férreos defensores de otros funcionarios y ciudadanos que se han dedicado de saquear los recursos que la población guatemalteca aporta vía impuestos o de quienes han violentado los derechos más sagrados de la población como la salud, la educación, la seguridad y la vida.
Son estos magistrados, como Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Nester Vásquez, Héctor Pérez Aguilera, Leyla Lemus o Luis Rosales los paladines y más férreos defensores de las más oprobiosas actuaciones del Pacto de Corruptos y de quienes quieres reestablecer un régimen de violencia. Son ellos y ellas quienes llevan sobre sus espaldas la corrupción, la impunidad, la corrupción y representan así lo más vergonzoso que puede tener este país. Junto a Consuelo Porras y la gavilla criminal de dirige el MP, estos funcionarios son en buena medida los responsables del deterioro y la crisis que vive este país.
