Resulta demasiado evidente que, en este país, aquellas expresiones políticas diferentes a la anacrónica y mafiosa derecha son rápidamente sometidas al costo que sea necesario, para poder continuar en el pleno ejercicio del poder. Desde el boicot permanente ejercido contra los gobiernos de la revolución, pasando por la aniquilación de las opciones progresistas y de izquierda durante el Conflicto Armado Interno, hasta los esfuerzos recientes por construir alternativas distintas en el país. Tan sólo en la historia reciente, los constantes ataques ejercidos contra el gobierno de Álvaro Colom y lo que estamos viviendo actualmente contra el gobierno de Bernardo Arévalo, dan cuenta de ello.
Resulta ser que cada vez que pueda posibilitarse acciones de política pública o modificaciones a las instituciones del Estado guatemalteco, que contravengan mínimamente los históricos privilegios y que pudieran disminuir la impunidad, se suman y juntan las estructuras criminales y mafias en el país para imposibilitar que estas acciones puedan llegar a buen término. Pero para mayor comprensión de este fenómeno, los últimos años han sido una clara expresión de ello. Cuando el Pueblo asume con valentía una posición y la expresa en las urnas rápidamente estas estructuras criminales ponen en acción su maquinaría y dan inicio a una serie de movimientos para declarar un fraude que jamás existió. Lo mismo ha suscitado con los avances que se habían alcanzado en el sistema de Justicia y de ahí la represión y persecución voraz contra operadoras y operadores de justicia.
Sin embargo, durante los últimos años, cualquier acción positiva a favor de los intereses populares, rápidamente salen una serie de grupos a desestabilizar e intentar detener y oponerse a estas acciones. Desde los intentos de Golpe de Estado y no querer que el presidente Arévalo tomara posesión, así como las oposiciones a la clasificación de residuos sólidos, a la posibilidad de ejercer política pública poniendo trabas presupuestarias, la oposición a las reformas legales que pretenden elevar la edad mínima para el consentimiento sexual par y más recientemente la crisis desatada por la oposición al seguro obligatorio o a la utilización del número del DPI en vez del NIT.
Estos grupos mafiosos de la derecha se diluyen entre los partidos políticos que les representan en el Congreso de la República, en muchas alcaldías en particular la de la Ciudad de Guatemala, entre funcionarios del Sistema de Justicia, particularmente la Corte de Constitucionalidad y varios magistrados y jueces y juezas, militares en situación de retiro y grupos vinculados al crimen organizado. Sin embargo, el gran actor que lidera, diseña y financia muchas de estas acciones, provienen de la oligarquía guatemalteca. A estas acciones se suman en calidad de servidumbre el resto de actores, pero todos unidos para reestablecer el viejo régimen de corrupción, violencia e impunidad.
La gran tarea de los Pueblos y la ciudadanía guatemalteca, es alejarse de estas posiciones, no dejarse engañar por la gran maquinaría de comunicación que utilizan y liderar junto a las organizaciones de los Pueblos y el movimiento social y popular la construcción de un Estado que promueva la justicia social, la equidad y la garantía de los derechos humanos.
