El lunes 10 de febrero, hace tan solo 4 días, amanecimos con una terrible noticia, un bus con más de 70 personas a alta velocidad, primero embistió a dos vehículos particulares y luego cayó a una hondonada. Poco a poco, en la medida que iba pasando el tiempo íbamos tomando conciencia de la magnitud de los hechos, cincuenta y cuatro personas fallecidas y familias de varios lugares hoy lloran a sus hijos, hijas, esposas, esposos, nietos, nietas, padres y madres, amistades y la sociedad quedamos una vez más estupefactos de lo ocurrido y con la certeza de que si no se hace lo suficiente, más temprano que tarde, volverá a ocurrir.
Uno podría caer en la tentación de sacar conclusiones rápidas y responsabilizar al piloto, su falta de experiencia para conducir un bus de pasajeros o la irresponsabilidad para conducir, sin embargo, no sólo se trata de los factores mencionados, sino de una serie de elementos mucho más profundos que como sociedad debemos de ir evidenciando y demandar acciones contundentes, antes de que otro hecho vuelva a ocurrir. No es extraño que un país donde el Estado se ha organizado para garantizar los privilegios de una élite económica depredadora, que la última prioridad, junto a otras, sea el bienestar de las personas.
Un Estado que al amparo del neoliberalismo ha dejado de supervisar, de estar presente en los asuntos que competen para garantizar la vida y el transporte de personas corre a la suerte de los empresarios y sus decisiones sobre las formas y mecanismos para generar más ganancias como su única y exclusiva prioridad. Empresarios que adquieren buses en mal estado para luego “levantarlos” y transportar seres humanos a sus actividades diarias. Empresarios que contratan a personas menores a la edad reglamentaria o que no cuentan con la licencia para conducir este tipo de vehículos; a lo que habrá que sumar que el Gobierno de Alejandro Giammattei canceló el seguro que estaban obligados a adquirir.
Municipalidades, algunas de ellas, que con más de cuarenta años en el ejercicio municipal, hacen poco o nada para brindar condiciones dignas de transporte público y mucho menos supervisan o atienden apropiadamente el tema. A esto hay que añadir el deterioro de la infraestructura vial que, durante años, décadas de corrupción rampante, han hecho la mezcla ideal para que siniestros como el del lunes 10 de febrero ocurran de vez en vez. Este lamentable hecho, es tan sólo un síntoma de muchas causas que están mal.
La solución a este fenómeno atravesará por muchas acciones, al Gobierno le corresponderá tomar la gran mayoría y en particular a las municipalidades enfrentar esta condición de abandono, sin embargo, a nosotros y nosotras nos corresponderá sacar de las alcaldías a aquellas familias, grupos o estructuras criminales que se han adueñado de ellas, tal y el caso de la Ciudad de Guatemala y muchas más y llevar a los puestos públicos a personas capaces de poner al ciudadano y a las personas en el centro de sus acciones.
