Durante los últimos años, hemos sido testigos como sociedad del comportamiento de las élites en el país, para hacernos retroceder a un Estado que imposibilita el bienestar común, el desarrollo económico y social y por ende bloquea la posibilidad de gestar un proyecto de Nación en donde la garantía de los derechos humanos y la dignidad de las personas es lo más importante. Doce años, en donde tres gobiernos consecutivos, conducidos por estas élites fueron la mejor muestra del proyecto que tienen en mente, un Estado al servicio de intereses particulares, beneficio exclusivo a la oligarquía, traslado de recursos del Estado a través de la corrupción a la élite política y represión a quienes se opongan a este proyecto de restauración de viejo régimen. En la medida, que pierden la cooptación absoluta del Estado, arremeten con violencia y echan andar toda su maquinaria para imposibilitar que el Gobierno de la República impulse acciones para el beneficio de la población.
Desde el 2023, cuando la población guatemalteca eligió al Movimiento Semilla como el partido político que condujera el Organismo Ejecutivo, estas élites echaron a andar una estrategia que reposicionará su estrategia de un Estado autoritario capaz de someter a sangre y fuego a quienes se salieran del formato preestablecido. Con el Sistema de Justicia absolutamente capturado por las mafias, desarrollaron acciones que pretendían y aún pretenden generar un Golpe de Estado, disfrazado de legalidad que les permita recuperar la pérdida de la presidencia y sus dependencias. El 2023 vivimos momentos trágicos para cualquier democracia, la violación a la autonomía e independencia del máximo órgano en materia electoral, la pretendida violación a la voluntad popular y la arremetida violenta contra quienes han defendido la posibilidad de que el Pueblo elija a quien mejor considere.
Una vez en el poder un Organismo Ejecutivo que no concentra el beneplácito de estas élites depredadoras, se han dedicado a boicotear cualquier acción que se impulse desde el Ejecutivo. Persiguiendo espuriamente y amenazando con criminalización a quienes se sumen a las intenciones de cambio, revirtiendo ilegalmente acciones que desde el Ejecutivo se impulsan y generando una serie de acciones tendientes a generar caos, zozobra y una sensación de crisis han sido las estrategias vividas durante el 2024 y el inicio del 2025. Tan sólo dos acciones dan cuenta de que actualmente el Sistema de Justicia y el CACIF se convierten en dos enormes lastres, por un lado, una Corte de Constitucionalidad al servicio de las élites mafiosas y por el otro una élite empresarial presentando acciones legales para socavar las pocas posibilidades de impulsar política pública: su oposición al aumento del salario mínimo y al presupuesto aprobado para el presente año.
Pero es importante evidenciar, que quien diseña la estrategia de retroceso, la dirige e incluso a veces la financia es la oligarquía guatemalteca y quien de manera servil la operativiza es una élite política mafiosa presente en el Congreso de la República y en las instituciones del Sistema de Justicia. Es importante, que la población haga esfuerzos conjuntos para liberar al Estado de estos dos enormes lastres.
