La noche del 26 y la madrugada del 27 de noviembre se aprobaron en el Congreso de la República tres iniciativas que sin lugar a dudas podrían llegar a impactar en el futuro próximo de la población guatemalteca. La primera aprobación en el pleno fue la reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado, la segunda un nueva Ley de la Policía Nacional Civil -PNC- y el último la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025. Sin lugar a dudas fue una jornada maratónica en el Congreso, un tanto inusual para lo que hemos podido observar en distintas legislaturas, sin embargo, lo que nos compete acá observar y juzgar son las implicaciones que eso puede conllevar.
Con la aprobación de las reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado (Decreto 34-2024), en particular lo concerniente a que un juez del ramo penal suspenda a un partido político, dado que esta competencia es mandato exclusivo del máximo órgano en materia electoral, como lo es el Tribunal Supremo Electoral. Con 128 votos a favor y con los votos en contra de las bancadas orgánicas del Pacto de Corruptos, esta reforma aprobada permitirá a la Bancada Semilla recuperar los derechos que, le habían sido ilegalmente eliminados por el juez Fredy Orellana y volver a poder constituir plenamente comisiones de trabajo en el Congreso e incluso formar parte de la Junta Directiva del Organismo Legislativo.
En segundo orden, aprobaron una nueva Ley de la Policía Nacional Civil -PNC-, la cual da un nuevo marco de regulación a esta entidad importante del resguardo de la seguridad ciudadana de la población guatemalteca, sin embargo en dicha Ley se establecen aspectos que podrían representar graves violaciones a los derechos humanos y constituir así un retroceso en la aspiración de construir democracia y garantías plenas de derechos y libertades de la población. El riesgo en esta nueva Ley, lo constituye el artículo 60, en tanto que permite a los integrantes de la PNC utilizar armas de fuego y, como consecuencia, si el presunto agresor/agresora resulta herido o fallece, se presumirá que ejecutaron un acto ordenado o permitido por la ley. Dicha disposición viola los siguientes principios fundamentales, tales como la presunción de inocencia; la obligación de investigar con debida diligencia y los principios de prevención e investigación de ejecuciones extrajudiciales. Esta ley debe de ser vetada por el presidente Arévalo y devolver al Congreso para que sea eliminado este artículo.
Por útlimo y no por ello menos importante, la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2025, puede abrir las puertas principalmente a que a través del uso de fondos públicos adjudicados para los Comités de Desarrollo, terminen siendo mal utilizados o en el peor de los casos, continuar en el despilfarro y en actos de corrupción, así como en el aumento salarial a las y los diputados que en un contexto de graves afectaciones a los derechos económicos y sociales de la población, representa un hecho a todas luces indigno de la actual legislatura. Habrá que ver en el desarrollo de los acontecimientos, si las leyes nos darán más luces o más penumbras y juzgar así el actuar del Congreso de la República.
