Desde la perspectiva filosófica, el dilema se comprende como un argumento formado por dos proposiciones contrarias disyuntivamente, de tal manera que, negada o concedida cualquiera de las dos, queda demostrada una determinada conclusión. En ese sentido, pareciera que el presidente de la República se debate ante un dilema al enfrentar el mayor problema para el pleno ejercicio de su mandato y con ello el ejercicio de lo dispuesto por la población guatemalteca en las urnas. Probablemente, el presidente sienta o perciba que el ejercicio democrático e institucional de destituir a la fiscal general y jefa del Ministerio Público deba de darse en pleno apego a los procedimientos institucionales y que de no hacerlo así rompería por un lado su apego a la democracia y por el otro estaría rompiendo la ley. Ese dilema es inexistente e intentaremos explicarlo a continuación.
Desde su fraudulenta llegada al Ministerio Público, la señora Consuelo Porras se ha dedicado a destruir la institucionalidad del ente rector en investigación y persecución penal, con único objetivo de garantizar impunidad. Esta destrucción ha implicado al menos los siguientes hechos: desmantelamiento de aquellas fiscalías dedicadas a la investigación y persecución de delitos de alto impacto, tales como la FECI, la de lavado de activos o recientemente la de Derechos Humanos; con dicho desmantelamiento ha cooptado tales espacios y ha colocado en ellos a figuras mediocres, sin preparación profesional y/o académica para ejercer dicha función; una vez capturado el espacio se ha procedido a acelerar los procesos de persecución penal contra lo que para ella y el grupo al que defiende son actores opositores, mientras les beneficia con impunidad. Todo ello se comente con una serie de ilegalidades y obviamente violentando leyes laborales, administrativas y penales.
A su vez, recientemente la Convergencia por los Derechos Humanos ha presentado un informe denominado Caro, ineficiente y corrupto: evaluación del MP durante la gestión de la fiscal general Consuelo Porras, en el que se detalla con datos oficiales, como el actual MP con mucho más presupuesto es altamente ineficiente, desprotege a la población con dicha ineficiencia y ha producido altas tasas de impunidad, permitiendo así que la criminalidad aumente y se ensañe aún contra el Pueblo guatemalteco. Es decir, señor presidente que usted, con el mandato otorgado por el Pueblo, tiene ante sí una serie de criterios políticos, legales y democráticos que le brindan suficientes causas justas para destituir a la fiscal general.
Siendo así, no existe o no debería existir tal dilema, sino más bien la firma convicción que nos enfrentamos como sociedad, no solo el presidente, a una estructura criminal que ha tomado el control de una institución que debe de responder al mandato legal que le ha sido conferido y no a un grupo de actores de poder con fines espurios. De esa cuenta, la única posibilidad existente es utilizar la Constitución Política y destituir a la fiscal y a partir de ahí, iniciar con la recuperación del MP al servicio de los intereses de la sociedad y no del Pacto de Corruptos.
