Las últimas semanas han sido particularmente intensas en cuanto al conocimiento de actos donde es evidente la operación de las mafias en varios ámbitos del quehacer nacional, algunas relacionadas a hechos vinculados con los anteriores gobiernos y otros a eventos que están ocurriendo en la actualidad y que pretenden impulsar la recaptura y cooptación de las instituciones públicas. Todo ello en colusión y plena aquiescencia de las autoridades del Ministerio Público, mientras arremeten contra funcionarios y ciudadanía que se oponen a sus intereses.
A más de 9 meses de la llegada del nuevo gobierno, aún no hemos evidenciado plenamente las dimensiones de la corrupción, el saqueo y el daño a las instituciones públicas, durante al menos los últimos tres gobiernos. Fueron 12 años del más burdo latrocinio a los recursos públicos. Varios ministros y ministras, después del 14 de enero, denunciaron múltiples actos de corrupción, los cuales se dieron incluso el mismo día de transición o en días posteriores a la misma. Tan solo en estas últimas dos semanas hemos conocido actos que rayan en lo más bajo de la humanidad. El primero de ellos, la reiteración de las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- de la inacción del MP, para perseguir a las empresas y personas involucradas en el mayor caso de defraudación y evasión de impuestos, conocido como el caso B 410. El segundo caso, fue la denuncia presentada por las actuales autoridades del Ministerio de Salud. El Hospital San Juan de Dios, agobiado por la satura de pacientes, la falta de insumos médicos y por la falta de personal, además del sufrimiento de la población que con rabia e indignación sufría la desatención a su derecho a la salud; fue sometido durante el gobierno de Giammattei a un profundo saqueo de sus recursos. Un director del Hospital, que luego llegó a viceministro de Salud, junto a autoridades del nosocomio beneficiaron a la empresa PROPELA S.A. lo cual significó un robo de más de 11 millones de quetzales.
El otro, el caso en el Crédito Hipotecario Nacional, donde su actual gerente denunció el robo de más de 20 millones de quetzales, situación ocurrida durante los últimos días de la presidencia de Giammattei y los primeros días de Arévalo. A través de un mecanismo fraudulento e ilegal, las anteriores autoridades del banco, autorizaron extra financiamientos a más de 50 tarjetahabientes, que posteriormente retiraron fuertes sumas del banco, sin que a la fecha haya pagos realizados al mismo. A pesar de todo ello, el CACIF organiza un nuevo evento donde bajo el argumento falaz de la certeza jurídica sigue su respaldo a la mafia en el MP, dado que ahí se protegen sus intereses y sin lugar a dudas les protege de su participación en este latrocinio y por el otro se vuelve a capturar las altas cortes, bajo las cuales continuará la protección a las y los corruptos e impunes, mientras la población continua en su desesperanza y sus deterioradas condiciones de vida.
