Durante los últimos meses hemos atestiguado el desarrollo de las Comisiones de Postulación que tienen bajo su cargo designar frente al Congreso de la República a profesionales del derecho, para que conformen la Corte Suprema de Justicia -CSJ- y la Corte de Apelaciones. Con este proceso ha vuelto a debatirse la imperativa necesidad de reformar el sistema bajo el cual se designan a magistrados y magistradas, a jueces y juezas, para que efectivamente pueda ser un proceso de protección del Estado de Derecho y la democracia. Aún y cuando existe un alto consenso en la necesidad de reformar el mecanismo de las comisiones, es importante reconocer que ahora estamos intentando tener un resultado distinto haciendo lo que en experiencias previas ha designado a lo peor del Sistema de Justicia.
Al final de cuentas, con este mecanismo o con uno nuevo, no debiese resultar como un enorme esfuerzo seleccionar a los profesionales que reúnan las calidades de integridad y honestidad, así como que estos no tengan compromisos con actores de poder vinculados a la corrupción, la impunidad, el tráfico de influencias o las graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, la práctica observada hasta el día de hoy, es que existe un grueso grupo dentro de ambas comisiones que pretende incluir en las listas que recibirá el Congreso de la República a lo más corrupto y ausente de decencia que existe en el mundo del derecho.
Lo que hemos observado hasta el día de hoy, es que existe un número de comisionados y comisionadas en ambas postuladoras que pretenden un resultado donde aquellas personas seriamente comprometidas con la corrupción sean escogidas y con ello instaurar el pleno régimen de impunidad en el Sistema de Justicia. Y es que importante resulta hacer mención de los intereses de algunos de estos malos comisionados y por ende malos ciudadanos. Algunos y algunas, como los 12 magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia que pretenden perpetuarse en sus posiciones, intentando primero boicotear el proceso y ahora siendo incluidos en la lista que irá al Congreso. También hay otros comisionados que pertenecen a fundaciones de la extrema derecha y defensores en calidad de servidumbre de violadores de derechos humanos y de corruptos en el país, a los cuales se suman otros y otras que pertenecen a estructuras vinculadas a determinados actores que han sido implicados en casos de corrupción y tráfico de influencias precisamente por intervenir espuriamente en las comisiones de postulación.
Así que, la ciudadanía en general, mayoritariamente cansada del juego de las y los corruptos demandan una sola cosa, magistrados y magistradas de la CSJ y jueces y juezas de la Corte de Apelaciones que permitan por un lado la defensa de la democracia y Estado de Derecho, pero también que sean capaces de garantizar el derecho a la justicia tan anhelada por la población y que con ello se reduzca considerablemente la impunidad en el país. Es así que la población está a la expectativa y pendiente de las decisiones de las y los comisionados y de las y los diputados para que estos no elijan otra vez a jefes de mafia, sino que escojan a profesionales del derecho honestos, íntegros, honorables y capaces.
