Durante los últimos años la sociedad guatemalteca ha sido testigo de una serie de acciones encaminadas a convertir el sistema de justicia del país en un instrumento de persecución y criminalización contra la población que lucha por transformar su realidad y poco a poco ha atestiguado la instalación de una lógica rapaz y perversa de cooptación de la institucionalidad pública, para defender los intereses de un pequeño grupo de egoístas y usureros empresarios, así como la de una élite de militares contrainsurgentes implicados en delitos de lesa humanidad y más recientemente a integrantes de los criminales que nos han gobernado durante los últimos 12 años. Cabe señalar que a ninguno de estos arcaicos grupos les interesa o preocupa siquiera, si el sistema de justicia es capaz de restituir derechos frente a delitos cometidos a diario en contra de la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas trabajadoras.
Este proyecto político, aunque debilitado, tiene en sus tentáculos a diversidad de partidos políticos, fundaciones, asociaciones, funcionarios en toda la institucionalidad pública, ha ido desarrollando acciones que pretenden vulnerar y golpear a la débil construcción democrática que la sociedad guatemalteca ha construido. Hoy les vemos como una minoría en el Congreso de la República y cada vez más con problemas para accionar desde la Corte Suprema de Justicia. De tal cuenta, que junto al Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad se ha convertido en escenario donde los criminales y corruptos tienen sus mayores defensas.
Este Pacto de Corruptos cada vez más aorillado ha amasado fortunas a la luz de lo que puede saquear del Estado y pretende ejercer, cual capataz, las órdenes que se dictan desde la institucionalidad pública, le molesta que personas y actores comprometidos con las transformaciones sociales que este país requiere lleguen a ocupar cargos públicos de trascendencia, en tanto que se convierten en un obstáculo para la garantía y protección de sus espurios intereses. El escarnio público, el litigio malicioso y hasta resoluciones ilegales usa este grupo para romper la propia institucionalidad democrática si hace falta.
Es por ello, que se hace necesario entender que las verdaderas intenciones de estos grupos de poder, representados tanto en el MP como en la Corte de Constitucionalidad, no son más que el propósito de proteger a los actores tradicionales que ven en la impunidad el mecanismo para mantener el actual estado de inestabilidad institucional, exclusión y autoritarismo. Son estos grupos de poder, los mismos grupos que han reprimido a la población de varios territorios en el país, los que han mantenido ilegalmente detenidas a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia. En resumen, son los mismos grupos que diseñaron este modelo de Estado fracasado para otorgar vida digna a su población. Así que nuestro actuar como sociedad, también debe de enfocarse en la Corte de Constitucionalidad y no permitir que estos intervengan u obstaculicen las acciones de política pública necesarias para ir transformando el Estado y proteger y fortalecer así nuestra democracia.
