El 20 de agosto pasado, el medio de comunicación Plaza Pública publicó una investigación periodística, a cargo de Jody García, titulada: “radiografía de la caída de casos de corrupción” y en ella se presenta un especial interactivo que permite a quienes ingresen al mismo explorar y determinar el estado de los expedientes a cargo del Ministerio Público, a través de un caso en particular o de una persona sindicada. De los 12 años en los que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- y la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI- del Ministerio Público a cargo de Juan Francisco Sandoval, se presentaron un total de 120 casos por corrupción en instituciones del Estado, de los cuales esta investigación periodística selecciona un total de 35 y analiza su actual estado a partir de que Consuelo Porras despide ilegalmente a quien en ese momento era el Fiscal Especial contra la Impunidad.
La investigación refiere que, en tres años de escudriñar y seguir estos casos se reportan desestimaciones, sobreseimientos, libertades anticipadas, arrestos domiciliarios, anulación de órdenes de captura y otras acciones u omisiones que terminaron por beneficiar a 118 personas que fueron sindicadas de corrupción. Y es que cabe señalar que esas 118 personas beneficiadas por el Ministerio Público de Consuelo Porras, no son cualquier tipo de delincuente, son criminales de la talla de Alejandro Giammattei, Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi, Gustavo Alejos, Manuel Baldizón, entre otros. La delimitación de la investigación de la periodista de Plaza Pública es del 23 de julio de 2021 al 16 de mayo del presente año. Es decir, está documentado todo el periodo del corrupto fiscal e incapaz Rafael Curruchiche.
Un caso emblemático es el del expresidente Alejandro Giammattei, ampliamente conocido por la corrupción rampante realizada del 2020 al 2024, los 3 casos presentados han sido cerrados por el Ministerio Público, dos de los cuales están vinculados al caso de la alfombra mágica y otro presentado en una investigación periodística que daba cuenta de los actos de corrupción realizados en la construcción de una carretera que lleva a la finca de la familia del expresidente Giammattei. La misma suerte ha corrido el ex ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Micivi del gobierno de Otto Pérez Molina, el señor Alejandro Sinibaldi que de 10 casos registrados en su contra, 3 han sido cerrados por la fiscalía, en otros 3 el MP no apeló y con ello favoreció al exministro y en los restantes 4, se le benefició con arresto domiciliario o el juzgado eliminó acuerdos de colaboración eficaz de testigos claves en el caso Odebrecht.
Es evidente que desde la designación por parte de Jimmy Morales y posteriormente su reelección por parte de Giammattei, la señora Consuelo Porras se ha dedicado a destruir la institución del Ministerio Público, beneficiar a actores corruptos, tal cual los ejemplos acá, pero también a desproteger a la población que demanda justicia. De ahí que la única salida para esta señora en el MP, es su destitución por formar parte del entramado de corrupción y por su intencionalmente trabajo mediocre.
