El 27 de junio de 1954 es recordado en la historia reciente de nuestro país, como un día infame, en el cual una invasión diseñada y financiada por la CÍA derrocó al entonces presidente de la República, Jacobo Árbenz Guzmán. Esta invasión ejecutada por un ejército mercenario liderados por Carlos Castillo Armas, tuvo y sigue teniendo graves consecuencias para el país y la sociedad en su conjunto. El gobierno de Jacobo Árbenz fue el segundo de la década de la primavera y la revolución de octubre y su mandato presidencial lo fundó alrededor de proyectos de gran envergadura que pretendían sacar del atraso al país y colocarlo en la senda de la modernidad. La construcción de una hidroeléctrica para dotar de energía eléctrica, romper con los monopolios existentes en aquel momento a través de la construcción de la carretera de Ciudad de Guatemala hacia Puerto Barrios y la reforma agraria.
Estas acciones impulsadas por el gobierno de Árbenz, al afectar los intereses de grandes capitales, particularmente estadounidenses, le ganó una campaña en su contra, tachándole de comunista y afín al bloque socialista. Esto motivó que Estados Unidos de Norteamérica, a través de la CÍA formara un ejército mercenario entre militares guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses, con el cual gestó la contrarrevolución. De ese momento hasta la presente fecha y como producto de la invasión y la contrarrevolución, hemos vivido un ciclo largo de violencia, pobreza, hambre, expoliación, niñez desnutrida, genocidio e inequidad profunda.
A 70 años de este oprobioso acto contra la dignidad nacional y casi 6 meses del nuevo gobierno, es urgente una transformación profunda que nos devuelva a la senda que Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz Guzmán impulsaron para el país. Necesitamos con urgencia, un modelo que en el centro de sus actuaciones ponga al ser humano, que inicie por recuperar la institucionalidad y la ponga al servicio de las y los guatemaltecos. Urge a su vez que el nuevo gobierno fortalezca y amplíe la política social, en particular la gratuidad en la salud y educación. Un gobierno que invierta en las personas, particularmente en aquellos departamentos y municipios que han sido olvidados y que hoy sufren las peores tasas de pobreza y desnutrición.
Es urgente que se inicien las acciones de política pública para sacar a más del 59% de la población de la situación de pobreza en la que hoy se encuentran, así como dotar de más y mejores recursos para encaminar una política pública que permita recuperar al 49% de las y los niños entre cero y cinco años que hoy sufren de desnutrición crónica. Y sin lugar a dudas en estos momentos en donde estamos siendo víctimas del impacto del cambio climático, políticas públicas de apoyo a pequeños y medianos productores de granos básicos que permitan garantizar la alimentación de la población. En resumen, a 70 años de aquel fatídico día, hoy estamos frente a una ventana de oportunidad única que debe de ser tomada con prontitud y valentía, porque de no ser así transitaremos otro largo periodo de horror para la sociedad guatemalteca.
