Una vez instalado el Gobierno de Juan José Arévalo Bermejo, luego de las elecciones realizadas en 1945, el 1 de diciembre le brinda la autonomía a la Universidad de San Carlos de Guatemala, una demanda realizada por estudiantes, docentes y profesionales, desde la conocida Reforma de Córdoba en 1919. La autonomía iba a resultar en un instrumento valioso para desarrollar, profundizar y ampliar el conocimiento, así como garantizar que esa casa de estudios iba a poner al servicio del país todo su esfuerzo en el aporte para la resolución de las graves problemáticas nacionales.
Desde aquel 1 de diciembre de 1945 hasta la presente fecha, dicha autonomía ha sido asediada por aquellos intereses, que pretenden imponer una educación al servicio del mercado y no al de elevar el espíritu humano, la libertad de cátedra y mucho menos aportar a la solución de los problemas que aquejan a la sociedad guatemalteca. Algunos de esos asedios han sido conocidos nacional e internacionalmente, como cuando el ejército y la policía nacional, en pleno ejercicio de su política contrainsurgente, incursiona en el Campus Central de la Universidad o bien cuando de manera sistemática no se le entrega el presupuesto que constitucionalmente le corresponde.
Sin embargo, no habido un daño a la autonomía universitaria más grave y más profundo que el que se le está propinando en la actualidad, desde que se cometió fraude en las elecciones para Rector de dicha casa de estudios y se impuso a una persona que sin haber ganado las elecciones está mal dirigiendo el Consejo Superior Universitario. De esa fecha en 2022 hasta el presente la Universidad ha sido sometida a la peor vulneración a su autonomía y se debe de impulsar una serie de acciones para sacar de la Universidad a estos grupos criminales y corruptos y recuperar el legado que el primer gobierno de la Revolución le dio a la única universidad estatal.
En esta toma del crimen organizado y del Pacto de Corruptos de la mayoría de miembros del Consejo Superior Universitario, se han impulsado una serie de acciones ilegales, que en su conjunto constituyen la peor violación a la autonomía universitaria, que van desde ocupar sedes universitarias por cuerpos de choque armados y externos a la casa de estudios, decisiones arbitrarias que ilegalmente expulsan a estudiantes, votaciones bajo amenazas para que se dicten decisiones opacas y de espalda a la comunidad universitaria y por última decisión que implicaran graves consecuencias en otros espacios e instituciones en los cuales la Universidad tiene poder de decisión.
Es por ello que, la defensa de la autonomía universitaria y el objetivo central de su quehacer, marcado en su ley orgánica, es necesario que se intervenga y con ello regresarle el papel histórico que ha jugado la Universidad de San Carlos en la historia, y se de inicio a un proceso de saneamiento de aquellos grupos criminales que hoy dominan a sangre y fuego el ejercicio de la academia, la libertad de catedra y la generación de conocimiento.
