A 9 días de que se lleven a cabo las elecciones, la incertidumbre, la falta de credibilidad y confianza son las expresiones más comúnes referidas por la ciudadanía guatemalteca. La población está convencida de que el proceso electoral que se llevará a cabo, no traerá consigo un cambio importante en el actual retroceso democrático que nos aqueja, sino más bien tenderá a profundizarse. La sociedad también entiende que en tanto el Estado está plena y profundamente capturado por las mafias, los resultados electorales, no responderán a los votos emitidos, sino a las decisiones que en Pacto de Corruptos se tomen.
Pareciera ser que el próximo periodo presidencial estará a cargo de una figura que responda de mejor manera a los intereses de impunidad y de corrupción. En estos días, en el Pacto de Corruptos aún se está transando qué partido político de las mafias, podrá garantizarles mayores niveles de impunidad y es por eso que aunque queda poco tiempo, nada da certezas sobre quién ocupará la silla presidencial.
Las elecciones se han venido preparando en un escenario, en donde el Tribunal Supremo Electoral -TSE- está capturado por los integrantes de la alianza criminal del Pacto de Corruptos, así como en un proceso cada vez mayor de captura del Sistema de Justicia y en donde lo que debería ser resuelto en las urnas, se resuelve espuriamente en judicaturas y salas de audiencias. En ese marco y contexto, resulta muy evidente, que el voto de la población de poco servirá, porque a final de cuentas, serán los acuerdos de impunidad, los que determinen los resultados este próximo 25 de junio.
Es así como el Pacto busca desesperadamente callar a todo aquel que defiende la justicia, la democracia y los derechos humanos. Es por ello, que se persigue al líder campesino y/o indígena que lucha contra la maquinaria del modelo extractivista que financia a los partidos políticos mafiosos, es por ello que se persigue a las y los operadores de justicia que han investigado y perseguido penalmente a los delincuentes y criminales que saquean el erario público. Es por ello, que persiguen a las y los periodistas, para que la información y la verdad no se conozca. Porque el Régimen de Impunidad no requiere de voces libres, requiere de órganos de divulgación. Es por ello, que se persigue a personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos, para que la promoción y defensa de los derechos de la población y las libertades fundamentales no se ejerzan. Callar, limitar y obstaculizar el trabajo de quienes buscamos construir otra sociedad, es el plan detallado que desde el Pacto se ha elaborado.
Mientras el odio, la impunidad, la corrupción y la violencia son las características de quienes forman parte del Pacto, nuestra labor es articularnos y seguir defendiendo la vida, la libertad, los derechos humanos, la democracia, la justicia social y la equidad. Por ello nuestro esfuerzo de no callar y denunciar estos actos que no permitirán que el voto ciudadano cobre fuerza y decida.
