El día de ayer la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (Udefegua) presentó los resultados del registro de agresiones a personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos en el país, durante el año 2022. Los datos son abrumadores, pero también una constatación de la realidad que vivimos las y los guatemaltecos. La Udefegua documentó un total de 3,574 agresiones, de las cuales la criminalización y el hostigamiento, son de las más frecuentes. La presentación también dio cuenta de que las y los operadores de justicia, defensoras y defensores de la justicia, periodistas y/o comunicadores sociales y defensoras y defensores de la tierra y el territorio son de los tipos de defensa más violentados.
Otra importante constatación de esta violencia ejercida contra personas defensoras de derechos humanos es la forma en la que se está llevando a cabo. Existe un ciclo de agresión, que da inicio con actos de difamación y estigmatización, que luego va creciendo hasta llegar a generar discurso de odio e incluso amenazas e intimidaciones contra las personas. El objetivo de esta campaña radica en deslegitimar la voz o las voces de las personas agredidas. El siguiente paso en este ciclo, es la denuncia judicial sin fundamento, en un sistema de justicia totalmente capturado y en donde las posibilidades de ejercer una defensa con garantías están imposibilitadas. Por último, la detención arbitraria e ilegal y mantener a las personas capturadas el mayor tiempo que sea posible sufriendo de privación de libertad injustificada.
Esto se suma a una serie de acciones que desde el organismo ejecutivo y legislativo pretenden legitimar estas acciones continuando en la estrategia de restablecer un viejo orden de corrupción, violencia e impunidad. Las recién aprobadas reformas al Código Penal para ampliar las sanciones en el robo de energía eléctrica, agua, y gas les dará a las élites que han capturado el Estado, más amplias posibilidades de violentar masivamente a comunidades y Pueblos que están luchando por defender sus territorios y sus derechos fundamentales.
Estos hechos también los sufre la ciudadanía en general, en tanto que la delincuencia y el crimen organizado están a sus anchas, frente a fuerzas del orden público y un Ministerio Público concentrado en vengarse y criminalizar a personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. Por último, es importante observar que este clima de violencia generalizada y represión política, se intensifica al someter a la población a los peores indicadores socioeconómicos jamás observados. Pobreza, desnutrición, falta de educación y de salud son varios de los ejemplos de esta cruda realidad.
Frente a este contexto de instalación dictatorial, la población y particular quienes defendemos derechos humanos en el país, tenemos no sólo el derecho sino también la obligación de subvertir este orden establecido, generar todas las acciones que dentro del deteriorado Estado de Derecho, nos permita construir una amplia agenda de transformación, derrotar a la alianza criminal que se organiza en el Pacto de Corrutos y por supuesto retomar la construcción democrática en el país.
