Jorge Santos

jsantos@udefegua.org

Defensor de derechos humanos, amante de la vida, las esperanzas y las utopías, lo cual me ha llevado a trabajar por otra Guatemala, en organizaciones estudiantiles, campesinas, de víctimas del Conflicto Armado Interno y de protección a defensoras y defensores de derechos humanos. Creo fielmente, al igual que Otto René Castillo, en que hermosa encuentra la vida, quien la construye hermosa.

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Esta frase viene como anillo al dedo frente a una serie de acontecimientos que, si bien son usuales para la mayoría de la población, son una sorpresa y le causan enojo e indignación a un pequeño grupo, que hasta hoy siente en carne propia, muchas de las afectaciones que sufre la ciudadanía todos los días. Hoy capas medias altas y la élite económica están sufriendo en mucho, situaciones que en buena medida tienen su origen y causa en sus propias acciones y decisiones. Muchas de estas situaciones tienen su origen en cómo la oligarquía diseñó las instituciones y cómo esta no ha permitido reformas que den paso a la modernidad y la construcción de democracia en el país; sin embargo, sólo haremos alusión a aquellas que, durante los últimos años, dan cuenta de cómo sus acciones están íntimamente relacionadas a los hechos de violencia y deterioro en Guatemala.

En 2017, luego de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- ya había presentado una importante cantidad de casos contra personajes de la oligarquía, militares, políticos mafiosos y miembros del crimen organizado, se desarrolla una estrategia que implicaría el más acelerado y profundo retroceso democrático vivido en los últimos años. Esta estrategia iba a implicar alianzas y articulaciones entre los diversos actores que sintieron sus intereses amenazados, por el avance de la justicia en el país. Estas alianzas y articulaciones desarrollaron lo que hoy se conoce como el Pacto de Corruptos.

Esta estrategia no sólo estaba diseñada para expulsar a la CICIG en el país, sino también para capturar y secuestrar toda la institucionalidad pública del Estado guatemalteco y con ello conducir los destinos de dichas instituciones a los fines de la corrupción y fundamentalmente en ese momento de generar impunidad. De una de las estructuras mafiosas y que ha permanecido en la Alcaldía de la Ciudad de Guatemala, tomo control sobre el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil e inició un proceso de debilitamiento y desmantelamiento de aquellos avances producidos en materia de formación, profesionalización dentro de la institución policial. Esta misma suerte ha sufrido el Ministerio Público, las altas cortes, el Congreso y demás organismos de Gobierno y Estado guatemalteco.

Hoy producto de esta vil estrategia las y los guatemaltecos sufrimos mayores niveles de deterioro en salud, educación, servicios básicos, infraestructura dañada, violencia y empobrecimiento. Pero la profundidad de este fenómeno es tal que ha alcanzado a quienes son los padres y madres de esta situación. Hoy bandas criminales les perjudican en sus lujosos y “seguros” lugares de vivienda, se movilizan en vehículos costosos, sobre carreteras destruidas y hacen largas colas para desplazarse a sus casas de descanso. El deterioro, debilitamiento y desmantelamiento institucional poco a poco los va alcanzando y no se detendrá hasta devorarles. La oligarquía como gestora de esta estrategia ha hecho gala de su ignorancia y avaricia, con lo cual se muestra como un perro que permanentemente da vueltas para alcanzarse su propia cola. Siembra vientos y cosecharás tempestades, acertadamente dice el viejo refrán.

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