En el 2017, inició un proceso de debilitamiento de las instituciones y los mecanismos de la democracia. Como resultado se ha viabilizado la ilegalidad como forma de gobierno instalándose un Estado autoritario, con potencial dictatorial, al amparo del rompimiento del Estado de Derecho en Guatemala, conducido por estructuras mafiosas, organizadas cuales Redes Económico Político Ilegales.
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) ha documentado la grave situación y deterioro que se cierne sobre personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos, al extremo que el actual gobierno de Alejandro Giammattei, en colusión y contubernio con el Organismo Judicial y Legislativo, han llevado a que más de 2,600 agresiones se hayan dado en los dos años y medio de su mandato, muy por encima de los cuatros años de Gobierno de Jimmy Morales y de Otto Pérez Molina, además de advertir que la situación tiende a agravarse. Múltiples recomendaciones para la protección de personas defensoras de derechos humanos y el restablecimiento del Estado de Derecho han sido vertidas por la UDEFEGUA, organismos regionales e internacionales. Sin embargo, el gobierno ha respondido mediante el incremento del Ejército en funciones de la vida civil, la realización de desalojos violentos a comunidades campesinas e indígenas y el uso del sistema de justicia de forma indebida favoreciendo la impunidad. Es particularmente preocupante en esta materia la desobediencia del estado guatemalteco a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al abandonar el proceso ya avanzado de la construcción de la Política Pública de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Es menester en medio de tales circunstancias reconocer la labor y valentía de las personas, comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos que han sufrido agresiones y buscan continuar su importante trabajo a favor de la democracia, el Estado de Derecho y la vida digna de la población, mediante el acceso a mecanismos de protección. Este acercamiento ha permitido identificar que las principales fuentes de agresión son las instituciones públicas del Estado guatemalteco, mediante la criminalización, las operaciones de control territorial, la difamación, el discurso de odio, las amenazas, las denuncias judiciales sin fundamento, las detenciones ilegales y arbitrarias, así como las agresiones físicas.
Estas acciones son posibles en el contexto de la cooptación de las instituciones del Estado por parte de las Redes Económico Político Ilegales y la preeminencia de la corrupción como forma de gobierno. Siendo lo más grave, que esta condición ha ampliado la violencia a toda la sociedad guatemalteca. Niños y niñas desalojados de su hogar, mujeres desaparecidas, personas adultas mayores sin protección social son algunos ejemplos de cómo la corrupción se convierte en injusticia.
En este contexto quienes defienden derechos humanos son fundamentales para proteger las leyes, las políticas, la justicia social, la equidad y los programas que nos protegen a todos y todas. Por ende, agredir a quienes defienden derechos humanos garantiza la instalación de un régimen de impunidad, violencia y corrupción.
