Por Jorge Santos
El día de ayer se hizo público el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, respecto a la situación en el país y su decisión de incorporar al Estado guatemalteco en el Capítulo IV.B. Según el Informe en cuestión establece que una vez “evaluada la situación de derechos humanos en Guatemala, la CIDH decidió incorporar al Estado guatemalteco en el presente Capítulo porque considera que ésta se enmarca en el artículo 59, inciso 6.d) del Reglamento de la CIDH, el cual establece como criterio para la inclusión de un Estado Miembro en el presente capítulo la existencia de: d. la presencia de otras situaciones estructurales que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la Declaración Americana, la Convención Americana o los demás instrumentos de derechos humanos aplicables. Entre otros factores a ponderar, estarán los siguientes: (…) ii. Incumplimiento sistemático del Estado con su obligación de combatir la impunidad, atribuible a una falta de voluntad manifiesta”.
Es decir que la CIDH a través de dicha evaluación logra establecer que existen serias intervenciones de actores externos, en particular de Redes Político Económicas Ilegales -RPEI- a la independencia del Poder Judicial, de que existe un intencional debilitamiento de la institucionalidad en derechos humanos y los retrocesos cada vez más evidentes en la lucha contra la corrupción e impunidad. Por ende, la CIDH determina que lo anteriormente citado afecta la estabilidad democrática y la propia vigencia de los derechos humanos de la población guatemalteca, en especial, de los grupos históricamente excluidos y discriminados como mujeres, pueblos indígenas, niñas, niños y adolescentes, las víctimas del conflicto armado interno, entre otros.
Este importante Informe de la CIDH, da credibilidad a lo que las organizaciones de derechos humanos, los movimientos sociales y populares, las autoridades ancestrales y el Pueblo guatemalteco ha hecho mención en diversos foros y espacios públicos nacionales e internacionales. Este Informe da legitimidad a las manifestaciones pacíficas impulsadas en noviembre del 2020, a los reclamos de organizaciones campesinas e indígenas en el país y los diversos pronunciamientos públicos realizados, reclamando al gobierno de Giammattei el cese de la corrupción, la impunidad y la criminalización contra operadoras y operadores de justicia y contra personas defensoras de derechos.
Este importante Informe, no sólo da cuenta de los reclamos de la ciudadanía guatemalteca, sino debe de convertirse en un instrumento más de lucha de los Pueblos, las organizaciones de sociedad civil y los movimientos sociales y populares, para seguir alzando su voz contra la injusticia, en contra de la corrupción y la impunidad, en contra de la instalación del Estado autoritario que pretende Alejandro Giammattei, debe de ser una voz más potente contra el empobrecimiento y el abandono al que la población está sometida. Este Informe de la CIDH debe de incrementar nuestos esfuerzos nacionales, pero particularmente internacionales para que se conozca la verdad sobre Guatemala y que con ello, más pronto que tarde caigan quienes hoy nos someten a tan indignas condiciones de vida.
