Por Jorge Santos
Lo dijimos y no como una mera cantaleta, sino plenamente fundamentada, Alejandro Giammattei es un autócrata y en el ejercicio del poder ha fortalecido esta posición y ahora de la mano de la oligarquía, consolida un régimen autoritario. No sólo se trata de sus acciones como presidente de la República, también lo fueron sus acciones como director del Sistema Penitenciario durante el gobierno de Berger, con las ejecuciones extrajudiciales, también lo fue el organizar un partido político capaz de recibir financiamiento electoral ilícito y ya no digamos el rosario de hechos que en el ejercicio de su presidencia ha realizado hasta la fecha.
El resultado electoral de 2019, era ya la antesala de la conformación de este consenso nacional. Sin embargo, hicieron falta pocos meses, para que el desencanto nublara aún más las realidades de las familias guatemaltecas. Una pandemia que fue mediocremente conducida por un presidente, supuestamente profesional de la salud. Sus constantes y patéticas cadenas nacionales, no fueron más que el teatro que evidenciaba ese carácter autócrata de todo dictador. Mentira, tras mentira, acto de corrupción, tras acto de corrupción y represión, tras represión, se fue consolidando este régimen que hoy nos asiste y nos afecta profundamente.
Poco a poco, de gritón sarcástico, paso a vociferante quejumbroso, incapaz de articular una frase, sin que en ella se notara la narrativa falaz, propia de un mitómano y ambicioso del poder. El consenso nacional ahora es generalizado, el gobierno de Giammattei no es más que una dictadura al servicio de los poderosos económicamente.
Con gran esfuerzo, las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil, han ido colocando en la agenda del concierto de las naciones, el agravio e indefensión al que está siendo sometido el Pueblo guatemalteco y de ahí, muchas de las acciones que hemos podido ver en el ámbito internacional para denunciar, sancionar y alentar el cambio de este régimen.
Ahora el Parlamento Europeo ha hecho lo propio, en aras de develar las intenciones dictatoriales de Alejandro Giammattei y manifiesta en su Resolución de ayer jueves 07 de abril, su preocupación por el deterioro del Estado de Derecho en Guatemala y por las acciones judiciales iniciadas por la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general contra jueces, abogados y fiscales independientes que investigan o persiguen estructuras delictivas vinculadas a altos cargos del Estado y a propietarios de empresas. A su vez, condena la criminalización, detención y descrédito de los medios de comunicación, las amenazas y los actos de acoso contra los operadores de la justicia implicados en el enjuiciamiento de casos de corrupción y la lucha contra la impunidad, así como contra los defensores de los derechos humanos y los periodistas; insta a las autoridades guatemaltecas a que pongan fin a estas acciones y a que defiendan el Estado de Derecho y el pleno respeto de la independencia de los poderes como elementos clave en la lucha contra la impunidad y la corrupción.
