Por Jorge Santos
Varios son los síntomas de la decadencia profunda, que durante varias semanas la población guatemalteca ha observado. Estos síntomas van desde las espurias acciones de quienes pretenden obstruir la justicia a través de dañar a jueces y juezas del sistema de mayor riesgo, del talante de Erika Aifán o Pablo Xitumul, pasando por la desatada violencia contra mujeres y la niñez guatemalteca, sin que las autoridades se molesten en iniciar acciones para dar con el paradero de los responsables de tanta violencia y llegando a intentar dañar y cerrar la organización de acompañamiento internacional ACOGUATE y a actores nacionales como el Comité de Unidad Campesina -CUC-.
Esta decadencia está marcada por el interés de las y los corruptos de sacar del camino, a todas aquellas personas que defendemos derechos humanos, ya bien sea desde el Congreso de la República, hasta quienes defienden su territorio y sus recursos naturales. Al enuméralas ya se hace evidente la necesidad de una profunda transformación del Estado guatemalteco.
Estas acciones van desde las múltiples ilegalidades que han cometido y que han quedado grabadas las acciones de elementos de la Policía municipal de transito y que cuales pandillas se dedican a perseguir a ciudadanos, para posteriormente agredirlos. Pero también lo ha sido la bochornosa elección de la nueva Junta Directiva del Congreso de la República, hasta alcanzar a un grupo de militares en situación de retiro que ingresaron de manera violenta a la sede del parlamento en total impunidad y en las narices de la Policía Nacional Civil –PNC-.
Esta debacle del Estado guatemalteco, es muy bien planificada y pretende ampliar los márgenes de impunidad. Todo esta configurando para hacer retroceder al país en materia democrática y de derechos humanos y con ello cuentan con una amplia articulación, encabezada por los oligarcas del país, los militares, la élite política y por supuesto el crimen organizado.
Todo ello pasa frente a una población cansada y harta de tanta pobreza, enfermedad, muerte, violencia, entre otros. Por lo que se hace necesario fortalecer nuestras alianzas y articulaciones para enfrentar este proceso de consolidación del autoritarismo. Necesitamos evidenciar a los mafiosos enquistados en la institucionalidad pública y develar sus intereses de protección de las y los más ricos de este país.
Estas acciones deben de ir adelantadas por esas voces obreras, campesinas, pobres y excluidas que no son más que nuestro referente de dignidad, esas voces son las importantes, no aquellas como las del sector privado organizado que, de manera oportunista, pretenden revestir sus acciones de puritanismo; cuando en realidad lo único que pretenden es mantener el sistema actual, que les permite tener los privilegios que hoy tienen. Por eso hagamos más voces, seamos cada vez más una especie de coro popular que a una sola voz grite y demande a sus autoridades no sólo la renuncia, sino el cambio y transformación de nuestro actual modelo de Estado en el país y sacarlo del profundo deterioro del que se encuentra actualmente.
