Por Jorge Santos
El gobierno de la República desde el inicio de la pandemia de Covid-19 ha llevado a cabo una serie de acciones, bajo el argumento de reducir los impactos que ésta tiene sobre la vida de la población, sin embargo, es evidente que el gobierno de Alejandro Giammattei ha privilegiado los intereses de la oligarquía por encima de la salud y la vida de la población. Las acciones en este sentido iban desde la búsqueda de recursos y su asignación para que el sistema de salud, así como políticas de asistencia social a la población y por último atención a empresas que resultaran afectadas por este cierre y/o confinamiento.
De esta cuenta, el ejecutivo implementó un Estado de Calamidad Pública, con el propósito de contener la expansión de la pandemia, pero también la utilización de recursos para las acciones arriba descritas. Es por ello, que el 2020 y en el primer año de gobierno de Giammattei, el Estado contó con el Presupuesto General más alto de la historia y con ello implementar todas las políticas necesarias, tanto para atender la salud, como la economía. Estos recursos aprobados por el Congreso, fueron concentrados en al menos tres ministerios: Salud Pública, Economía y Desarrollo Social. Giammattei mismo, anunciaba en sus autocráticas cadenas nacionales, la atención a hospitales y vociferaba la instalación del hospital más grande de la región centroamericana, así como la construcción de otros 5 hospitales. Al final, el ejecutivo en una mezcla de mediocridad, corrupción y actitud criminal, privilegió los intereses de los ocho grupos corporativos familiares más grandes del país y montó la atención sobre una filantropía espuria, que esperaba de vuelta el beneficio a través de oportunidades de negocio. A la fecha, ni ejecución efectiva de los recursos entregados en el Presupuesto, ni pago a personal médico y sanitario, ni suficientes recursos para atender a la población.
Los programas de asistencia social y de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa fueron rápidamente implementados sobre la base del mal diseño técnico, el clientelismo y la corrupción. Tan sólo la entrega, del magro Bono Familia excluyó de entrada a más de 385 mil hogares que no cuentan con energía eléctrica y luego nos enteramos de cobros de este beneficio por parte de personas cercanas al partido político Vamos o bien contratistas del gobierno y hasta funcionarios cobraron este beneficio. El Ministerio de Economía no fue capaz de atender el enorme impacto que la pandemia tuvo sobre los negocios de personas que con mucho esfuerzo iniciaron y sostenían desde antes de esta situación. En resumen, a la fecha el criminal gobierno de Giammattei ha jugado con la población, al someterla a una falaz contradicción entre atención a la salud o a la economía. Si tan sólo hubiera, privilegiado su obligación constitucional de proteger a la población y no a la élite económica depredadora, esta contradicción pudo haber sido disipada y hoy no estaríamos en la grave crisis sanitaria que nos encontramos.
