Por Jorge Santos
La consolidación del Estado autoritario que dirige la oligarquía guatemalteca y que a su vez conduce el ejercicio del gobierno de Alejandro Giammattei, ha despertado los peores sueños dictatoriales y represivos de muchas personas en el Pacto de Corruptos. En estos momentos funcionarios corruptos, empresarios, miembros del crimen organizado lanzan la peor ofensiva de criminalización contra toda persona honesta, democrática y que defienda derechos humanos. Esta realidad cada vez más intensa y profunda afecta a quienes históricamente han sido vulnerabilizados y más recientemente a funcionarios, funcionarias, jueces y juezas, fiscales que por defender el Estado de Derecho y la democracia son atacados y permanentemente agredidos.
Frente a esta realidad, defender la verdad, la libertad y la esperanza son tareas fundamentales. Insistir en develar a quienes agreden a funcionarios de la calidad de la jueza Erika Aifán, o quien se ensañan contra el Procurador de los Derechos Humanos o bien quienes detrás del cobarde anonimato generan discurso de odio contra aquellas personas que desde distintas esferas y ámbitos defienden los derechos humanos de la población guatemalteca. Este espacio es un humilde reconocimiento a su importante labor. En esta oportunidad abordaremos tan sólo dos casos que afectan la libertad de personas defensoras de derechos humanos por luchar a favor de los derechos laborales o por recuperar la tierra ilegalmente expropiada por el ejército durante el Conflicto Armado Interno.
El primero de los casos es de siete comunitarios que desde el 2016 representan los intereses de 300 trabajadores con contratos individuales de tres años en la empresa palmera Industria Chiquibul S.A. Estos siete comunitarios han solicitado y encabezado la solicitud de renovación y mejoras de las condiciones laborales de las y los trabajadores de dicha empresa. Para realizar estas demandas han ejercido su derecho constitucional de manifestación, lo cual ha implicado que los siete dirigentes comunitarios sean denunciados espuriamente por la empresa palmera. Uno de ellos, Bernabé Gualná Caal miembro de la Cooperativa Sechaj es capturado en abril del 2020 y junto a otros 6 son perseguidos penalmente por el Ministerio Público a instancias de la empresa palmera. Esta acción espuria pretende beneficiar a la empresa, particularmente en cuanto a la explotación de la mano de obra de la población que contratan.
El segundo caso, es la detención de 21 personas de la Comunidad Chicoyouguito que lleva décadas exigiendo la devolución de su tierra ilegalmente expropiada por el ejército y sobre la que hoy funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Paz (CREOMPAZ). Estas detenciones ilegales, se dan en el marco de una manifestación pacífica por parte de las y los comunitarios. Hoy el Ministerio Público les acusa, entre otros delitos de usurpación agravada, aún y cuando las personas detenidas sólo manifestaban y no estaban en posesión del lugar.
Hoy desde este espacio demandamos la inmediata liberación de los 21 detenidos de la comunidad Chicoyoguito y el cese de la persecución penal contra los siete comunitarios de la Cooperativa Sechaj.
