Por Jorge Santos
Ayer la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos-Guatemala (UDEFEGUA) presentamos el Informe de Situación de Personas, Organizaciones y Comunidades Defensoras de Derechos Humanos durante el 2020, el cual lamentablemente documenta la mayor cantidad de agresiones, durante los 20 años en que la organización ha realizado esta importante labor de documentar la violencia que se produce, por defender derechos.
La totalidad de agresiones documentadas en 2020 son de 1,055 superando así en más del doble a los casos documentados en 2019. 17 asesinatos y 21 intentos de asesinato forman parte de este informe y dan cuenta del serio proceso de regresión autoritaria y antidemocrática en el país. Junto a los asesinatos, también la criminalización es de los actos de agresión más profundos y con mayor nivel de afección a las personas defensoras y a sus familias. 154 actos de difamación, a los cuales deben de adicionarse 15 actos de estigmatización y 13 de discurso de odio. Sin embargo, lo más importante en cuanto este proceso de la utilización inapropiada de la ley penal para dañar la defensa de los derechos humanos, lo constituyen las 89 denuncias judiciales sin fundamento y las 72 detenciones ilegales cometidas durante el 2020.
Esta realidad de muerte y criminalización ha sido una continuación de violencia que UDEFEGUA ha documentado contra la población indígena y campesina. Su profundización afecta hoy a personas defensoras de derechos humanos de la ciudad y de las capas medias que también se han dedicado a la defensa de los derechos humanos, en particular la búsqueda de justicia, democracia y fortalecimiento del Estado de Derecho. La lista de personas detenidas injustamente por su labor de defensa de derechos humanos es muy grande el país. Saúl Méndez, Rogelio Muñoz, Juan Pedro, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo Juan, Domingo Baltazar, Mynor López, Bernardo Ermitaño López y Rigoberto Juárez, en Huehuetenango, Eduardo Bin, María Choc, la Gremial de Pescadores y Abelino Chub Caal, en Izabal, Fausto Sánchez y otros 11 defensores en San Marcos, más de una docena de defensoras y defensores de derechos humanos en los departamentos orientales en el país, Jorge y Marcelino, en Alta Verapaz, junto a Bernardo Caal, entre muchas otras más, son las personas defensoras encarceladas injustificadamente por su defensa a la vida, la naturaleza, la justicia, la equidad y la posibilidad de vida digna. Practicamente no hay un solo departamento que se considere libre de este mal estructural de apresar a quien defiende derechos fundamentales.
Hoy la criminalización se ha extendido y demanda de la defensa y lucha por todos y todas aquellas personas que por su labor a favor de los pueblos y la naturaleza son criminalizados y privados de su libertad. La acción estratégica es continuar demandando libertad para todos y todas las personas defensoras de derechos humanos. Libertad para Bernardo Caal y para todas aquellas que hoy sufren de la criminalización por su lucha a favor del Pueblo guatemalteco.
