Jonathan Menkos Zeissig
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En la más reciente encuesta de Latinobarómetro (2020), solo el 45% de los guatemaltecos respondió que apoyaba la democracia; otro 18% daba a entender que podría apoyar gobiernos autoritarios, mientras un 37% dijo que le daba lo mismo bajo qué forma de gobierno se administrara el poder público. De hecho, ante la pregunta de si le importaría tener un gobierno no democrático (autoritario) en el poder, pero que sí resolviera los problemas, el 65% de los encuestados guatemaltecos respondió que estaba de acuerdo o muy de acuerdo con esa posibilidad.
En cuanto al interés en la política, solo un 20% de los encuestados dijo estar muy o algo interesado en ella. En contraste, el 80% restante aseguró estar poco o nada interesado. Solamente el 16% de los guatemaltecos respondió que hablaba con frecuencia de política con sus amigos, la cifra más baja de toda Centroamérica.
El 75% de esos mismos encuestados respondió que en Guatemala no se garantizaba una justa redistribución de la riqueza; 61% aseveró que en el país tampoco se garantiza la igualdad de oportunidades; 70% confesó que está poco o para nada garantizada la oportunidad de conseguir trabajo. Asimismo, el 66% reconoció percibir que en el país se gobierna para el beneficio de grupos poderosos y que quienes tienen más poder, más que el gobierno incluso, son las grandes empresas; 71% tiene poca o ninguna confianza en el Poder Judicial y en el Congreso, lo que aumenta al 74% al evaluar al Gobierno.
Estas respuestas son el resultado de realidades muy concretas. Por un lado, vemos las noticias en las que elementos de la Policía Nacional Civil ―representantes del poder público, pero mayordomos de poderes privados― aporrean casi todos los días a campesinos, y ahora también a autoridades indígenas, sacándolos de las tierras que les pertenecen por derecho ancestral y por ser quienes las han trabajado, para dárselas a empresarios rentistas. En contraposición, los ciudadanos observan cómo el Sistema de Justicia opera en favor de corruptos y de jueces y magistrados que amparan la impunidad. El incremento de precios que provoca más hambre, el desempleo y la falta de protección social, las desigualdades y la violencia en todas sus manifestaciones están a la orden del día tanto como el ejercicio permanente de la corrupción en muchas esferas y espacios de acción pública y privada.
Los guatemaltecos notan esta descomposición social y política porque la sufren en carne propia. Sin embargo, las respuestas de Latinobarómetro también nos advierten que las y los guatemaltecos están tan desencantados con la política que no comprenden que sus problemas cotidianos tienen relación con esta. Mientras los criminales y esa parte rancia y corrupta de la élite económica de Guatemala se organicen en partidos políticos y carguen los dados a su favor para acceder al poder público nada cambiará.
Sin embargo, no se puede construir una democracia sin demócratas. En el contexto actual, ser demócrata pasa por tomar conciencia sobre la realidad que nos asfixia y sobre cómo ejercer un rol más activo para transformar la sociedad.
Aunque no saben de su fuerza, los perdedores del sistema político y económico actual son muchísimos más que los ganadores. El reto de los movimientos sociales, campesinos e indígenas, los pocos sindicatos honestos, las organizaciones de empresarios no rentistas, y los partidos políticos progresistas es en este momento sacar del conformismo y la apatía a los millones de ciudadanos que en conjunto podrían cambiar la correlación de fuerzas actual. Para ello se requiere de mucho diálogo y de un plan compartido para hacer que los frutos de la democracia sean más concretos: justicia e igualdad ante la ley, empleo suficiente y salarios justos, educación, salud y alimentación para todos y la construcción de un poder público alejado de la influencia de las viciadas élites.
