Jonathan Menkos Zeissig
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La patria no aguanta más. Cada día somos testigos de los graves problemas y miserias que, en buena medida, son consecuencia de una administración corrupta del poder público. El poder público y sus instituciones han sido y están siendo cada vez más corrompidos por ciertas élites económicas que cohabitan con los narcotraficantes, los vendedores de fe individualista y por políticos ambiciosos. Corrompida para mantener privilegios, para que queden impunes sus fechorías, para implantar la teocracia del dios dinero y del odio a los que piensan y aman a quien quieren, y para intentar saciar con los recursos públicos sus codicias.
Derrumbes, hundimientos, atascos viales, inundaciones, desempleo, pérdidas de cosecha, hambre, violencia, migración forzada y miles de muertes y sufrimientos que pudieron ser evitados si en lugar de bandas de vividores la gestión pública estuviera en manos de personas honestas, con estudios, experiencia y, principalmente, responsabilidad y convicción para cuidar de todas y cada una de las personas que habitan Guatemala, de sus bienes y de sus esperanzas.
Claro está que el poder público no es el problema: lo son sus actuales administradores. El poder público constituye la columna vertebral de la nación, cuando se lleva a la práctica por medio de gobiernos que gestionan bienes y servicios inspirados en la búsqueda de la igualdad y la justicia, del bienestar social, de la gobernabilidad democrática y del desarrollo económico. Un poder público ejercido así, fomenta la cohesión social, el sentido de pertenencia y la idea colectiva de que el mañana será mejor que el hoy y que por ello hay que exigir derechos y asumir responsabilidades. Porque cuando el poder público se administra para el bien de todos, las acciones que emprende hacen posible que todas las personas disfruten de la vida.
Mal llevado, utilizado para fines particulares y sin ninguna clase de escrúpulos por quienes gobiernan, el poder público es una enorme piedra -como esas que al caer bloquean completamente las carreteras- con la que el pueblo se levanta y se acuesta. Un mal gobierno, como el actual, el anterior y así sucesivamente, es la piedra que bloquea la democracia y el desarrollo. Un mal gobierno es para la mayoría de los habitantes de Guatemala -amas de casa y padres de familia, abuelas y abuelos, estudiantes, artistas, desempleados, trabajadores públicos, campesinos, empresarios de micro, pequeñas y medianas empresas-: una muy amarga realidad cotidiana. Claro, durante los malos gobiernos siempre hay unos pocos que se hartan hasta la saciedad encima de sus alfombras repletas de dinero, mientras debajo esconden los muertos que sus acciones han dejado.
El gobierno de Giammattei y sus aliados en el Congreso de la República, en el Organismo Judicial y en el Ministerio Público son la piedra más pesada que ha debido cargar el pueblo en los últimos 35 años. Jueces y fiscales que persiguieron a los corruptos, ahora son los perseguidos; hombres y mujeres que defienden los ríos y la vida natural, ahora son acosados y violentados. Mientras se malgastan miles de millones de quetzales en los ministerios, 1.9 millones de niñas, niños y adolescentes no tienen acceso a la educación; 4.7 millones de personas están padeciendo hambre mientras miles buscan empleo sin resultados; los salarios reales que cada vez alcanzan para menos; miles de ancianos y niños en las calles mendigando unas monedas; mujeres de sol a sol destinadas a las labores de cuido subsidian el sistema con su trabajo sin remuneración. ¿Quién puede quedarse callado ante tanta infamia?
Es urgente salir de la fingida comodidad que puede dar el no pensar en lo que está sucediendo. Tarde o temprano el peso de esa piedra o de la siguiente, nos aplastará la espalda. Urge tomar conciencia y avanzar en la organización social, en un frente que enfrente a estos criminales. La patria no aguanta más.
