Jonathan Menkos Zeissig
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Parte de la conflictividad que genera la actividad minera en Guatemala es resultado de que los gobiernos, en lugar de actuar con la racionalidad obligada de quien ejerce el poder público y con visión de respeto irrestricto a los pueblos, se inclinan con necedad y tozudez por quedar bien con las empresas mineras. De ahí que la población afectada por el apetito voraz de los proyectos mineros en Guatemala refiera que las instituciones del gobierno central y, en ocasiones, municipal, sean ilegítimas e ineficaces para mediar en los conflictos sociales derivados de dicha actividad.
No es de extrañar que el gobierno de Giammattei haya desconocido la Consulta Municipal de Vecinos realizada en Asunción Mita, el pasado 18 de septiembre, en la que casi 88 de cada 100 personas que participaron en la consulta dijo no a la minería. El proyecto al que se opone la población es el de Cerro Blanco, operado por empresas mineras canadienses. En particular, hay una mayor molestia en la población por la solicitud de la minera de transformar el proyecto de mina subterránea a mina a cielo abierto, lo que podría aumentar su nocivo impacto ambiental, principalmente la deforestación y el deterioro del agua que sirve para dar vida a las personas y al resto de actividades económicas, sociales y culturales.
Por otro lado, si el análisis de la minería en Guatemala se reduce a los números, la actividad no tiene nada de estratégica. En los últimos años no llega ni siquiera a representar el 1% de la economía nacional. Asimismo, en cuanto al empleo a penas 1 de cada 575 personas en Guatemala, en 2021, laboraba en el sector de minas y canteras. En el ámbito fiscal, el aporte tributario promedio de la minería ha representado a penas el 0.5% del presupuesto anual. El costo de los cientos de soldados y policías que cuidan las mineras y desbaratan violentamente manifestaciones sociales no ha sido costeado, pero seguro es mayor al dinero recibido. Si esto fuera poco, cuando los proyectos mineros terminan de extraer la riqueza dejan enormes desafíos, tales como la rehabilitación de la tierra para otros usos productivos y el cierre ordenado, para los que el marco legal guatemalteco no tiene una regulación contundente que los minimice.
Solo mediante la economía política -el estudio de las relaciones políticas con las decisiones económicas- se puede explicar por qué los gobiernos de Guatemala se han empeñado tanto en que esta actividad se inserte a empujones en la economía nacional. De manera sintética, el poder minero compra voluntades gubernamentales. El artículo “Así se compra un Estado. Cómo una minera rusa corrompió todos los poderes en Guatemala”, publicado en el periódico español, El País en colaboración con otros importantes medios internacionales, revela cómo una minera rusa con sede en Suiza de nombre, Solway Investment Group, que opera en Guatemala como Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Pronico, manipula órdenes judiciales y compra líderes sociales, policías, envía regalos, incluida la sospecha de una alfombra con dinero recibida por el propio presidente Giammattei. Información revelada en el reportaje da cuenta, incluso, de un correo en el que la gerencia de esta mina le exige a Giammattei que termine con las protestas sociales en El Estor. Las mineras resultan tener más poder sobre el presidente que el propio pueblo.
En todo caso, no es no. El pueblo de Asunción Mita ha hablado y su decisión debe ser respetada por todas las autoridades y las empresas mineras involucradas. Asimismo, por todo el marco social, político y económico de la minería en Guatemala, debemos exigir al Congreso y al Gobierno la suspensión inmediata del otorgamiento de cualquier tipo de licencia minera.
