Jonathan Menkos Zeissig
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El presupuesto público es una herramienta para perseguir múltiples propósitos. Por un lado, en lo económico, la ejecución del gasto y la inversión pública, cuando se basa en objetivos de desarrollo, alienta el crecimiento económico y el empleo en el corto plazo, mientras construye la infraestructura necesaria para fomentar el desarrollo en el mediano y largo plazos, tal como los sistemas de educación, salud y protección social, el mercado de trabajo, la innovación tecnológica y el sistema de comunicación dentro de la nación y entre esta y el resto del mundo (telecomunicaciones, correos, caminos, carreteras, puertos y aeropuertos, entre otros).
En lo social, el presupuesto público debe abonar al cumplimiento del más alto disfrute de bienestar social mientras fomenta un crecimiento económico sostenido en el tiempo, ambientalmente sostenible e inclusivo en términos del acceso garantizado, a quienes desean trabajar, a empleos y salarios razonables. Por medio de la producción de bienes y servicios públicos universales, gratuitos y pertinentes, el Estado impulsa las bases de una igualdad social que garantiza la diversidad cultural, política, étnica, territorial etaria y de género. Esto fomenta la gobernabilidad democrática y contribuye a que los ciudadanos construyan, con elementos objetivos y concretos, una identidad social basada en el sentido compartido tanto de derechos como de obligaciones, dando forma a lo que socialmente los ciudadanos aceptarán como lo que es justo, lo que es nuestro, lo que nos une y cohesiona como parte de una nación.
El presupuesto público, en lo político, ayuda a legitimar el sistema de gobierno, a sus gobernantes y al propio Estado. Todo dependerá de cómo y a quién el Estado le cobra impuestos y cómo estos ingresos se traducen en acciones y bienes concretos que mejoran la vida de las personas y les da certidumbres sobre el futuro. Para que la democracia se pueda tocar con las manos es necesario un presupuesto público que se traduzca, por ejemplo, en aulas, buenos maestros y textos escolares para todas las niñas, niños y adolescentes; en acceso garantizado a la salud y asistencia social; en caminos rurales y sistemas de riego; en empleo y capacitación para todo el que lo quiera.
Contrario a todo lo anterior, tenemos en el momento actual, un presupuesto público alejado de los fines básicos antes descritos. Por el contrario, el presupuesto público está siendo reducido, por el gobierno y sus diputados aliados en el Congreso, a ser el vil cuerno de la abundancia de los corruptos. Alineado a sus intereses y sirviéndose a manos llenas, han aprobado —sin discusión ni criterios técnicos— una ley (Decreto 21-2022) con la que trasladan Q3,191.2 millones al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Entidades serias han advertido las anomalías en esta ley, que a todas luces, servirá para repartir dinero para las campañas de reelección de diputados y alcaldes. Recientemente, la aplanadora mayoría oficialista aprobó otra ley piñata, el Decreto 30-2022, que modifica normas presupuestarias y con la que, prácticamente, pasan a disponibilidad de los corruptos otros Q3,000.00 millones en manos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede). El presidente Giammattei todavía no ha sancionado o vetado esta ley. ¿Qué piensa usted que hará?
Estas carreteras para la corrupción se suman a otras muchas que ya están abiertas dentro del presupuesto público y que limitan la capacidad de este para cumplir sus diversas funciones. ¿Cuántas becas escolares podría el Estado otorgar con estos fondos? ¿Cuántos guatemaltecos podrían ser salvados del hambre y el desempleo? ¿Cuántos proyectos sociales y económicos se podrían ejecutar para cambiar y dejar atrás el rostro del subdesarrollo guatemalteco? Es urgente que cada persona en este país comprenda cómo una minoría corrupta, con el poder público que ostenta, destruye el presente y cualquier posibilidad de un mejor futuro para todos.
