Jonathan Menkos Zeissig
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Según el Censo de 2018, vivían en Guatemala aproximadamente 7.7 millones de mujeres; 3.2 millones se autoidentificaron como mayas; 4.3 millones como ladinas o mestizas y el resto fueron xincas, garífunas y extranjeras. Cerca de una de cada cuatro mujeres en Guatemala habitaba en áreas rurales. Las variables relacionadas con la educación revelan que las mujeres indígenas, especialmente las que viven en zonas rurales, tienen las tasas más altas de analfabetismo (62.7% en las mujeres mayas) y un menor acceso al sistema educativo formal: una de cada tres no tiene ningún nivel académico alcanzado. Son las mujeres con menor acceso a servicios públicos las que presentan las mayores tasas de fecundidad, quienes inician más temprano la maternidad y las que tienen menor acceso a métodos anticonceptivos.
En el ámbito económico, el mercado laboral que precariza a la mayoría, se ceba un poco más contra las mujeres. Por ejemplo, una de cada tres personas afiliadas a la seguridad social es mujer; la mayor parte de las mujeres trabajadoras laboran en la informalidad (sin contrato de trabajo ni prestaciones) y son quienes menores salarios reciben; solamente una de cada cinco mujeres que fueron madres en la adolescencia lograron incorporarse al mercado laboral y, entre más hijos han tenido, menores posibilidades tienen de contar con un empleo remunerado. Sobre las mujeres pesan las labores no remuneradas de cuidado -acarrear agua, cocinar, limpiar, cuidar enfermos, entre otras-: en promedio dedican semanalmente 33.6 horas a tareas domésticas no remuneradas, muy por encima de las 8.9 horas que dedican los hombres. Imposible pensar en una Guatemala desarrollada y democrática con estos estándares.
En medio de ese contexto, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en conjunto con We Effect Guatemala, han propuesto para la reflexión y acción social una serie de medidas para promover, gradualmente y en los próximos nueve años, el empoderamiento económico de las mujeres en Guatemala, avanzando así hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantizando que las mujeres transformen activamente sus vidas, así como sus comunidades y territorios.
Los programas son: 1) corresponsabilidad del cuido, promoviendo el rol activo del Estado en el cuidado de niños y niñas por medio de los servicios públicos de atención a los infantes, garantizando así su desarrollo integral; 2) programa de microcréditos para las mujeres, diseñado con bajas tasas de interés, requisitos reducidos y acompañamiento técnico; 3) capacitaciones integrales, para acceder a empleos o poner en marcha negocios; 4) empleo masivo, dirigido a mujeres en edad de trabajar que vivan en condiciones de pobreza, promoviendo el empleo en actividades rurales no tradicionales, como la reforestación, la puesta de pisos de cemento, el mantenimiento de caminos rurales y la ejecución de proyectos públicos locales; 5) programas de alfabetización en su propio idioma y, de quererlo, en español; 6) programa de agua potable, con el fin de mejorar las condiciones de salud del hogar y disminuir el tiempo por su acarreo.
El estudio precisa los costos de estos programas, así como la forma idónea para su ejecución y transparencia revelando que se requiere de un esfuerzo adicional de la sociedad y de la administración pública. Toca reconocer socialmente que estos programas constituyen un círculo virtuoso al lograr empoderar económicamente a las mujeres, se dinamiza la economía de los territorios y se generan nuevos empleos y oportunidades de negocio que disminuyen la pobreza, la violencia y la migración forzada, al tiempo en que la provisión de más y mejores bienes y servicios públicos eleva el bienestar social, contribuye a la paz y la cohesión social.
