Jonathan Menkos Zeissig
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El día de hoy Xiomara Castro (Partido Libertad y Refundación, Libre) tomará posesión del gobierno hondureño cerrando así los nefastos doce años del Partido Nacional, encabezado por Juan Orlando Hernández, en el que la corrupción, el crimen organizado, lubricados con el neoliberalismo, aumentaron la pobreza y la inseguridad y debilitaron las instituciones democráticas.
El plan de gobierno de la presidenta Castro es tan ambicioso como necesario para reconstituir el poder público y dar respuestas concretas a las mayorías hondureñas depauperadas a lo largo de la última década. Por un lado, el plan de gobierno busca mitigar la pobreza rural incentivando la producción agrícola, lo que redundará en el logro de una mayor soberanía alimentaria, e irá acompañado de un programa para incrementar la reserva nacional de granos básicos. Se contempla también avanzar hacia sistemas gratuitos y universales de educación y salud pública con una apuesta por la gratuidad de la matrícula, una merienda idónea para los estudiantes y un programa de becas que garantice la atracción y retención en la escuela de las niñas, niños y adolescentes pobres. En el caso del sistema de salud, el objetivo será que cada municipio cuente con acceso a ambulancia y atención permanente en tiempo y sin restricciones financieras, pues se eliminarán los cobros por servicios que constituyen una barrera a la garantía del derecho a la salud. En cuanto a la protección social, el plan reitera la necesidad de un ingreso básico garantizado para la población en extrema pobreza y de la tercera edad, en contraposición a los programas actuales corrompidos por el clientelismo.
En lo económico, entre otros objetivos, el gobierno buscará rehabilitar toda la infraestructura escolar, así como la creación de clústeres en los sectores forestal, turístico y agroturístico, agroindustrial, energético y farmacéutico. El plan ofrece la eliminación de la minería a cielo abierto y la construcción de represas públicas de servicios múltiples (irrigación, control de inundaciones, acuicultura y producción de energía), localizadas en puntos estratégicos. Otra medida valiosa para la transformación productiva lo constituye el apoyo a la ciencia y la innovación con recursos públicos que rondarán el 1% del producto interno bruto.
Para conseguir los resultados deseados, la presidenta Castro y su equipo deben enfrentar urgentemente dos problemas: primero, una institucionalidad pública oxidada, con un servicio civil utilizado para pagar favores políticos, que deberá rápidamente comenzar a trabajar en función de estos resultados. Segundo, una política fiscal dejada en total desorden, con amortizaciones de deuda e intereses que asfixian las cuentas públicas, altos niveles de corrupción y opacidad y un gasto público sin orientación a metas de desarrollo. De ahí la urgencia que el propio plan menciona de concretar una reforma fiscal, mediante un pacto fiscal, cuyos objetivos son evaluar el gasto público en función de resultados, estudiar la deuda y mecanismos para disminuir su peso, una reforma tributaria que dé mayor progresividad al sistema (impuesto a las grandes fortunas) y reducción de exoneraciones, así como una estrategia para combatir la evasión de impuestos. Además, se contempla la creación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), para lo que se pedirá apoyo a las Naciones Unidas.
En mis quince años de trabajo recorriendo Centroamérica he tenido el privilegio de conocer a muchas personas que pasarán hoy a ocupar cargos públicos, gente tenaz, leal a sus principios y valiente como para enfrentar los enormes problemas que conlleva conducir el poder público por el camino del bien común. Percibo también un pueblo con ánimos de apoyar la tarea y una comunidad internacional dispuesta a arrimar el hombro. ¡Mucha fuerza al nuevo gobierno y al pueblo hondureño!
