Jonathan Menkos Zeissig
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El pasado 19 de diciembre, Gabriel Boric, a sus 35 años, fue elegido presidente de Chile con el 55.9% de los votos, derrotando al candidato de extrema derecha, el conservador José Antonio Kast. Boric participó en nombre de la coalición Apruebo Dignidad, conglomerado creado en enero de 2021, y en el que convergieron diversos movimientos y partidos políticos de izquierda en torno a una agenda en común.
El plan de gobierno de Boric ha sido un ejercicio democrático de amplio alcance, habiendo participado en su discusión más de 33,000 personas en todos los territorios a lo largo de Chile y en el extranjero. El plan propone 53 cambios concretos, entre los que se incluyen, la finalización del abusivo sistema privatizado de pensiones y garantizando una pensión mínima para todas las personas mayores de 65 años de aproximadamente USD290.0. Se generará un sistema universal de salud con mejoras en los tiempos de atención y ampliando la cobertura de los servicios; y se creará el Sistema Nacional de Cuidados teniendo como prioridad la protección de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores y personas cuidadoras.
En lo económico, se incluye un plan de reactivación basado en inversión pública, fortalecimiento de los programas de cuidado y capacitación laboral, así como 500,000 empleos para mujeres. Se asegurará el acceso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) a crédito y se acompañará su proceso de transformación digital. Se creará el Banco Nacional de Desarrollo que financiará la innovación y el desarrollo de pymes, e iniciativas que busquen un cambio estructural de la matriz productiva. Asimismo, se aumentarán los fondos para investigación y desarrollo para invertir el 1% del Producto Interno Bruto (PIB). En lo laboral, se propone aumentar el salario mínimo de manera escalonada hasta superar los USD585.0 al final del Gobierno; se reducirá la jornada laboral a 40 horas semanales y se asegurará la libertad de los trabajadores para negociar y organizarse. Se construirán 260,000 viviendas dignas.
En lo ambiental, el plan propone firmar el Acuerdo de Escazú sobre participación, derechos humanos y justicia ambiental y se impulsarán cambios en la institucionalidad relacionada con el ambiente para que se adecúe a la situación actual de escasez hídrica y crisis climática, así como a las dinámicas y condiciones sociales, económicas y culturales de cada territorio. Se garantizará el derecho al agua y el derecho al internet como un servicio básico.
El plan establece una reforma tributaria que recaude 8% del PIB, y con la que quienes tienen más contribuyan más. Entre otras medidas, se propone un impuesto a los superricos, cambios al impuesto sobre la renta, reducción de exenciones, creación de impuestos verdes y combate frontal a la evasión tributaria. Por el lado del gasto, se buscará la formulación con base en resultados, incorporando mecanismos para la participación ciudadana.
El plan de gobierno de Boric fue estudiado y apoyado por connotados economistas de la talla de Mariana Mazzucato, Ha Joon Chang, José Antonio Ocampo y los Nobeles Joseph Stiglitz y Thomas Piketty. En una carta pública reconocieron que el plan de gobierno “es una estrategia moderna para movilizar una agenda productiva dinámica y sostenible”.
El plan es innovador, pone a las personas en el centro del quehacer del Estado y es el camino que todos los países subdesarrollados deben tomar si se desea alcanzar el desarrollo y dar sustento y garantías a la democracia en el siglo veintiuno. Como dijo Boric, en su discurso como presidente electo, “los avances van a requerir acuerdos amplios, no queremos desbarrancarnos ni arriesgar lo que cada familia ha luchado con su esfuerzo”. El pueblo de Chile hizo una elección sabia y urgente, para un mejor futuro.
