Jonathan Menkos Zeissig
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El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha reconocido la victoria de Xiomara Castro, candidata del partido progresista Libertad y Refundación (Libre), cerrando así doce años de la administración del Partido Nacional, tiempo en el que un pacto político, firmado entre miembros de las oligarquías económica, neopentecostal, política y criminal, utilizó la corrupción y la impunidad como medios de articulación y enriquecimiento.
Los doce años del Partido Nacional —de corte neoliberal, conservador y anticomunista— ha significado un enorme deterioro para el Estado de Derecho, tanto por la prostitución de las instituciones públicas que se han puesto al servicio de intereses privados, como por el amaño de leyes y procesos electorales, así como por la profundización de un modelo económico basado en la depauperación de los hondureños (con salarios diferenciados, pagados por hora y más informalidad laboral), privilegios económicos (concesiones de territorios y privilegios tributarios y comerciales), depredación de la naturaleza y violencia (tala de bosques, minería y privatización del agua y represión contra defensores de derechos humanos); y, como si no fuera suficiente, por el debilitamiento de los ya reducidos servicios públicos que garantizan los derechos a la salud y la educación, con el fin de convertirlos en negocio privado.
Ejemplifican de manera objetiva el nefasto resultado de este largo período antidemocrático, el cierre de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih); el 55.0% de los hondureños que vive en condiciones de pobreza —la tasa de pobreza más alta de América Latina— y una mermada clase media que, solamente en 2020, se redujo un 20.0%; los cerca de 900,000 niñas, niños y adolescentes fuera de la escuela y las más de 10,400 muertes por covid-19, ocurridos en medio de un sistema de salud desfinanciado por mayúsculos actos de corrupción, en el que solo hay un médico por cada mil habitantes.
En lo fiscal, el Partido Nacional encontró en 2010 una deuda pública equivalente al 35.0% del Producto Interno Bruto (PIB) y entregará el poder con un saldo de 60.9%. En 2010, la carga tributaria representaba el 17.0% del PIB y en 2021 cerrará equivaliendo al 16.7% del PIB. Se observan también que, en relación al gasto público total, las asignaciones destinadas a la salud, la educación y la seguridad y justicia se han reducido para hacer espacio a las asignaciones para defensa (ejército) y para el pago de intereses de la deuda pública. Este último rubro, representa el 18.0% del gasto total y equivale al 3.7% del PIB.
Este descalabro social, económico y político de Honduras explica, en alguna medida, por qué ha llegado el final del Pacto de Corruptos. Este pacto ha sido víctima de su propio éxito: sus decisiones de aplanadora, sin contrapesos, han significado la exacerbación de las crisis estructurales y el rechazo masivo de la población —más del 53.0% de los electores votó por Libre, la opción más opuesta al oficialismo—. También ha sido estratégico el esfuerzo de Libre por dialogar con diversos actores y conseguir la construcción de un frente político amplio con un plan de gobierno que ofrece, a trabajadores y empresarios, sacar a los mañosos, justicia, crecimiento, empleo y bienestar social. El reto de la presidenta Castro y de su equipo será reorganizar el poder público para que opere con base en resultados sociales concretos, eliminar los caminos a la corrupción, planificar para el desarrollo y conseguir los recursos humanos, materiales y financieros para lograrlo.
Un tiempo mejor inicia para Honduras, lo que es bueno para los hondureños y para los centroamericanos: los pactos de corruptos y los autoritarismos en la región podrían comenzar a descalabrarse. El tiempo lo dirá.
