Jonathan Menkos Zeissig
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El día de ayer, la mayoría oficialista en el Congreso, formada por los partidos Vamos, Todos, Bien, UCN, Creo, PAN, UNE, Podemos, Humanista, Prosperidad Ciudadana, Victoria, Viva, FCN-Nación y Valor, con 108 votos, aprobaron una ley para subsidiar el gas propano por tres meses, cuyo costo será de Q150.0 millones. En un mercado tan imperfecto como el del gas, con solo 3 empresas que se pueden poner de acuerdo sobre el precio y con un ministerio de Energía y Minas incapaz de regular precios, este dinero más que un subsidio a los usuarios es un regalo que aumentará las utilidades de estas tres empresas.
En la verborrea de sus discursos visten de solidaridad la maña —ese gusto por hacer negocio el poder público conferido—, al aducir que esta medida ayudará a los más pobres, cuando en Guatemala los más pobres utilizan leña y no tienen alimentos para cocinar, pues uno de cada cinco guatemaltecos vive permanentemente con hambre. Ayudar a los más vulnerables en este momento significaría apoyos directos con dinero en efectivo. Por otro lado, si fuera seria la discusión sobre lo mucho que impactan los precios del petróleo y sus derivados en los costos de vida de la población, lo sensato no es subsidiar a las empresas sino diseñar y destinar recursos para una reforma que substituya en el menor tiempo posible la utilización de estos insumos en la energía domiciliar, el transporte, el comercio y la industria guatemalteca.
Hoy, esa misma mayoría de congresistas, insensible para escuchar razones técnicas, pero ávida por despilfarrar los impuestos que pagamos —porque ahí está la posibilidad de su enriquecimiento personal y gremial—, se dispone a aprobar el presupuesto público para el 2022. Dentro de las anomalías que presente el dictamen aprobado por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, se encuentran las siguientes. Primero, el seguro médico escolar privado, con una asignación de Q312.0 millones, instrumento financiero discriminatorio, inefectivo y oneroso, cuyos recursos tendrían mejor uso siendo destinados a la construcción y puesta en funcionamiento de centros y puestos de salud.
Segundo, se ha adicionado al presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, recursos para la construcción de los hospitales de Coatepeque (Q60.0 millones) y Retalhuleu (Q30.0 millones), y para el mejoramiento de Centro de Salud de San Cristóbal Totonicapán (Q15.0 millones). El ser agregados en el último momento los hace fiscalmente opacos y propensos a actos de corrupción.
Tercero, se añadieron, en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, obras adicionales a cargo de dependencias del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda: en el Fondo Social de Solidaridad por Q33.6 millones, para obras a realizarse en Huehuetenango, Totonicapán y Sololá; y, en la Dirección General de Caminos por Q95.0 millones, para obras en Quetzaltenango, Huehuetenango y Jalapa; y Q60.0 millones para dragados en áreas de influencia en el Canal de Chiquimulilla. Si eran importantes, no se explica por qué ese ministerio no las incluyó en su propuesta original. ¿Serán acuerdos para la corrupción?
Finalmente, dentro de los cerca de Q3,500.0 millones destinados a aportes directos a organizaciones no gubernamentales y otras entidades, hay una larga lista de organizaciones relacionadas con los diputados de la mayoría oficialista y sus familias, que recibirán fondos por hacer “algo” cuya función social se desconoce.
Las finanzas públicas no deben ser tratas como un cheque en blanco a disposición de quienes ostentan una mayoría que les permite aprobar destinos de gasto sin rigor técnico, social o ético. Los congresistas todavía están a tiempo de eliminar las anomalías que les deslegitiman a ellos, al gobierno y al presupuesto público de 2022.
