Jonathan Menkos Zeissig
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La semana pasada hice un viaje por Jalapa y tuve la oportunidad de platicar con madres y padres de familia y niños y niñas de la localidad. Hablamos en particular sobre la educación pública y todos coincidieron en el debilitamiento de su calidad. Por ejemplo, advirtieron que los niños y niñas de cuarto grado de las escuelas aledañas a la cabecera municipal en este momento solo cuentan con un libro -con logos de la Asociación Guatemala Próspera y la Fundación John C. Maxwell-, titulado Yo decido. El libro contiene múltiples citas de John C. Maxwell y, escritor y conferencista cristiano evangélico, que construye a mi juicio una moral provinciana y que va llevando al lector a la conclusión individualista y de autoculpa de que «el pobre es pobre porque quiere».
Asimismo, reciben semanalmente una página con el contenido que deben desarrollar. Esta semana fue sobre Comunicación y Lenguaje y la página contenía definiciones y ejemplos breves de palabras sinónimas, antónimas y homónimas. Después, definiciones relacionadas con qué es una carta, un recibo, un cheque. En las semanas en que toca desarrollar la página de matemáticas, a pesar de lo reducido de su contenido, muchos padres y madres afirman no tener el conocimiento para ayudar a sus hijos.
Por su parte, los niños y niñas de tercero primaria, recibieron este año cuatro libros con los que están trabajando, entre los que se incluye uno de matemáticas y otro de comunicación y lenguaje. Las madres de niñas y niños en primero primaria refirieron que, durante el primer semestre del año, los maestros les trasladaron, por ejemplo, ejercicios de planas para sus hijas e hijos. Sin embargo, a partir del segundo semestre, los maestros les han dicho a los padres que ya saben cómo poner planas a sus hijos sin su ayuda. Por cierto, todos los estudiantes afirmaron desear volver a la escuela.
En cuanto a la alimentación escolar, las personas refirieron que han recibido alimentos, pero además de ser insuficientes, en algunos casos cuando los productos son perecederos, llegan en mal estado. En contraste, con el Bono Familia, entregado a muchos de ellos en 2020, aseguraron sentirse valorizados y respetados pues pudieron decidir el destino de los fondos: compra de maíz y frijol, principalmente, pero también para adquirir ropa para sus hijos, zapatos y dejar un ahorro por si la situación económica empeoraba.
Sobre el seguro médico privado para los estudiantes, los padres y madres refirieron desconocer de qué se trata y cómo se puede utilizar. Comentaron que el ministerio de Educación no les ha dado ningún material ni capacitación sobre el mismo. Algunos de los padres opinaron que ese es otro espacio de corrupción que drena recursos públicos que podrían utilizarse mejor para más textos y útiles escolares. Coincidí con esa opinión.
Estos son comentarios surgidos de conversaciones informales, en un espacio no representativo de la cobertura del ministerio de Educación, pero sí evidencian la urgencia de que el propio ministerio, la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso de la República, organizaciones sociales en favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y cooperantes, hagan una evaluación objetiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de educación pública, así como un plan completo, tomando en cuenta todos los factores para el retorno a clases presenciales lo más pronto posible y el aumento de cobertura. Estas evaluaciones y planes de retorno deben incidir en el proyecto de presupuesto público para 2022 que ahora se discute en la comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, un presupuesto que más que mitigar los problemas descritos, los exacerbará.
