El decreto 7-2025 representa un punto de inflexión en la actual gestión del presidente Bernardo Arévalo. Si el mismo es vetado, seguramente, se complicará su desempeño en función de los intereses de los alcaldes y si no es vetado, también, le provocará serios cuestionamientos, que agregará un dato más al desencanto de la población.
En este caso la situación ciertamente provocará impactos, cualquiera que sea la decisión, pero hay que entender que los diputados al Congreso de la República, ante la gestión de Arévalo que se ha caracterizado por luchar contra la corrupción como elemento de negociación, los ha dejado sin los réditos que provienen de comisiones obtenidas ilícitamente en el marco de contratos amañados, que tienen como interlocutores a los alcaldes.
La interrelación entre diputados y alcaldes cobra mayor dimensión, puesto que en la medida que existen mayor cantidad de recursos de por medio, la potencialidad de generarse más ingresos ilegítimos se incrementa y acá pareciera que la idea de negociar con los alcaldes el anterior presupuesto partió de un supuesto en el cual, éstos colaborarían con el Gobierno por medio de una asignación mayor a los alcaldes y a los Codedes, pero hoy esta estrategia se les revierte, pues los diputados la tomaron, la ampliaron, la formalizaron y la aseguran por medio del decreto 7-2025, pero de una forma burda.
Y las formas burdas no son más que maniobras que apuntan a consolidar la corrupción, como mecanismo de negociación política, pero que hoy se hace más complicado para el actual régimen, pues algo que constituía un mecanismo de negociación hoy se convierte en una herramienta de imposición, pero lo peor, de formalizar la corrupción.
El presidente Bernardo Arévalo tiene ante sí, una gran disyuntiva, pues cualquiera de las opciones que tome le traerá serias consecuencias políticas, pero también el hecho de tomar una decisión que demarque su distancia con las alcaldías y los Codedes, por un lado, y con el abusivo decreto de marras y los diputados que se encuentran detrás de él, determinará su gestión de acá en adelante.
La confrontación que se delineará y exacerbará con vetar el decreto 7-2025 es indiscutible, posiblemente demarcará su papel político en los últimos años de su gestión, pero seguramente le proveerá consistencia a su discurso anticorrupción. Por otra parte, un veto de este decreto, no sólo será determinante, sino además le ayudará a recuperar credibilidad y confianza ante el pueblo en general, pues mostrará talante, firmeza y dignidad ante este decreto que flagrantemente pretende convertirse en un eje de corrupción.
No vetar el decreto 7-2025 le acarreará al presidente Arévalo, mayor impopularidad, dañará su imagen y provocará aún mayor desencanto en la población, no puede permitir que los diputados le dicten leyes que por sí mismas son ilegítimas, ni puede apañar la corrupción. Es indiscutible que el veto se impone en estas condiciones actuales, caso contrario hipotecará aún más su desencanto.
Las decisiones políticas siempre acarrean desgaste político, pero es más alto el costo político de no vetar o aprobar este oprobio vestido de legalidad y que únicamente facilita la corrupción. Ni los alcaldes, ni los diputados actuales son sujetos de confianza con quienes el Presidente puede negociar, para nada.
El veto se impone, no hay más que discutir, la decisión contraria únicamente abonará más al desprestigio del régimen y del presidente Arévalo. Sin duda, el veto es determinante y, por lo tanto, imperativo. No lo dude Presidente.
