Juan José Narciso Chúa

juannarciso55@yahoo.com

Guatemalteco. Estudió en el Instituto Nacional Central para Varones, se graduó en la Escuela de Comercio. Obtuvo su licenciatura en la USAC, en la Facultad de Ciencias Económicas, luego obtuvo su Maestría en Administración Pública INAP-USAC y estudió Economía en la University of New Mexico, EEUU. Ha sido consultor para organismos internacionales como el PNUD, BID, Banco Mundial, IICA, The Nature Conservancy. Colaboró en la fundación de FLACSO Guatemala. Ha prestado servicio público como asesor en el Ministerio de Finanzas Públicas, Secretario Ejecutivo de CONAP, Ministro Consejero en la Embajada de Guatemala en México y Viceministro de Energía. Investigador en la DIGI-USAC, la PDH y el IDIES en la URL. Tiene publicaciones para FLACSO, la CIDH, IPNUSAC y CLACSO. Es columnista de opinión y escritor en la sección cultural del Diario La Hora desde 2010

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La gobernabilidad es el arte del buen gobierno, esta condición representa la capacidad de un régimen para sentar las bases sobre las cuales dirigirá su gestión, buscando establecer las interrelaciones y acuerdos básicos que permitan alcanzar un estado en el cual los factores de contradicción, tensión y conflicto se minimizan y así conseguir un Gobierno que asegure conducir sus planes hacia la concreción final e igualmente permita obtener por parte de la población la mayor credibilidad posible.

Para el actual régimen esta condición ha estado marcada por factores o centros de poder que lo adversan, lo cuestionan y lo atacan, tal es el caso del Ministerio Público, ente que hizo de la justicia un ejercicio de opresión en contra de personas que se oponen a la corrupción, a la autocracia y al desatino propio de instituciones que se perdieron en sus funciones, así como se alejaron de la justicia y el derecho para pasarse al lado de la injusticia y con ello al lado oscuro de la historia contemporánea.

El Congreso de la República condensa desde hace varios años una variedad de personas y partidos que discurren su vida a través de medrar del propio Estado, obteniendo comisiones y canonjías propias de empujar leyes sin sentido, o de aquellas que favorecen a las élites o bien se encargan de empantanar o poner en la congeladora leyes que tienden a afectar los intereses de los grupos oligarcas.  

El juego de intereses que se conjugan dentro del Congreso de la República hace difícil para un partido minoritario como Semilla la posibilidad clara de tejer alianzas sostenibles, por el contrario, aquellos acuerdos iniciales, poco a poco han ido disipándose para que un entente de distintos partidos más cercanos a la corrupción que a un congreso destinado a servir al pueblo, se encarguen de conseguir alianzas entre partidos sin sustancia, pero que han sabido sacar el mejor partido al patrimonio del Estado y con ello el actual régimen no consigue obtener resultados positivos dentro del parlamento.

La Corte de Constitucionalidad representa un espacio de poder también adverso al actual Gobierno. Sus resoluciones responden a cuestiones puramente coyunturales, en algunos pocos y escasos casos actúan positivamente –como el de presionar para que se eligiera nueva Corte Suprema de Justicia-, pero en otras oportunidades –la gran mayoría-, actúa en consonancia con el Pacto de Corruptos, poniéndose también del lado malo de la historia.

La Corte Suprema de Justicia, culminó su período con más pena y vergüenza, pero con gran indiferencia sobre el futuro de nuestra sociedad, mientras que la actual tendremos que esperar su desenvolvimiento y su actuación; sin embargo, las esperanzas son mínimas.  Únicamente se deben resaltar los casos de juzgadores independientes –una característica que le otorga la condición de valiente-, como el juez Erick García, quien otorgó medidas sustitutivas y con ello la libertad a José Rubén Zamora Marroquín, un baluarte de la lucha contra la corrupción y un luchador de una democracia inclusiva, y que su gran pecado fue mantener una postura en contra de dictadorzuelos y ladrones de grandes fortunas. Ojalá que la apelación en contra de “Chepe” Zamora no reviertan lo actuado, como en el caso de César Montes y tenga que regresar a la cárcel.

Hasta la fecha, la Corte Suprema de Justicia, no se ha convertido en una institución independiente que se ponga del lado del pueblo, a favor de la democracia y que cuestione la forma ilegal e ilegítima que se han comportado otros poderes del Estado e instituciones de justicia.

Las élites económicas no cambian, simplemente esperan agazapadas para actuar en contra del actual Gobierno, no actúan en función infraestructural –tal como mencionaba Oscar Oslack que significa en función del futuro y la sociedad-, sino en lo mismo que han hecho siempre, cuestionar y seguir viviendo de sus privilegios.

En este entorno difícil, la gobernabilidad del actual régimen se deteriora cada vez más y la imagen ante el pueblo ha provocado una caída enorme en su credibilidad. Gobernar no es fácil, pero articular programas, proyectos y obras a favor del pueblo, representan una forma de enfrentar este desgaste propio de que los tiempos de credibilidad se reducen dramáticamente.  La buena voluntad, los discursos elaborados, la imagen de un gobernante distinto, chocan con los pocos resultados que no están a la vista, lo que muestra un manejo malo de la comunicación, así como reitera la baja calidad del equipo estratégico e igualmente demuestra un quiebre entre los ministros y el propio gobernante, pues si se trata de impulsar resultados, los ministros deben sacar la cara y asegurarle un camino distinto al actual régimen.

Lo peor es que la desesperanza, el desencanto y la frustración de muchos, incluso contra avances mínimos, pero importantes, únicamente abona el camino para retornar a los gobiernos autocráticos y corruptos.  Ojalá el actual régimen provoque un cambio de rumbo de acá en adelante.

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